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Uno de los puntos de fricción en el impasse entre demócratas y republicanos sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha sido la amplia utilización por parte de la administración Trump de órdenes administrativas para ingresar a domicilios por la fuerza y realizar detenciones migratorias. Los demócratas argumentan que la nueva política del DHS contraviene la Constitución y han exigido que los agentes de inmigración obtengan órdenes judiciales, un requisito legal más estricto que exige la aprobación de un juez, para ingresar a un domicilio por la fuerza.
La administración Trump sostiene que los inmigrantes que se encuentran sin autorización en el país y que han recibido una orden final de deportación de jueces de inmigración no tienen derecho a las protecciones de la Cuarta Enmienda, una postura que muchos expertos en derecho migratorio cuestionan. Y varios legisladores han argumentado que el requisito adicional de órdenes judiciales obstaculizaría significativamente el trabajo de control migratorio.
La financiación del DHS caducó el 14 de febrero, debido a que los republicanos se han opuesto a las exigencias de los demócratas de frenar varias medidas de control migratorio. Entre otras solicitudes, los demócratas solicitan la prohibición del uso de máscaras por parte de los agentes del ICE, la exigencia de mostrar identificación y usar cámaras corporales, y el uso de órdenes judiciales en propiedad privada. Dado que el Congreso no aprobó la legislación el 13 de febrero, partes del DHS, como la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y la Guardia Costera, se verán afectadas por la falta de financiación. ICE cuenta con fondos suficientes para seguir operando gracias a los miles de millones de dólares en fondos otorgados por la ley “One Big Beautiful Bill” de los republicanos, aprobada el verano pasado.
El debate sobre el uso de órdenes administrativas versus el de órdenes judiciales ha surgido como uno de los principales impedimentos en las negociaciones.
Durante una conferencia de prensa el 30 de enero, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, enfatizó que los demócratas “no van a ceder” en su demanda de que “antes de que el ICE pueda allanar viviendas y sacar a las personas de sus vehículos, se deben requerir órdenes judiciales”. El 4 de febrero, Jeffries se unió al líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, para escribir una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y al líder de la mayoría del Senado, John Thune, para proponer un “control selectivo”, según el cual “los agentes del DHS no pueden ingresar a propiedades privadas sin una orden judicial”. En la carta, Jeffries y Schumer propusieron diez “soluciones sensatas que protegen los derechos constitucionales y garantizan un control responsable de la ley”.
Mientras tanto, durante una entrevista el 1 de febrero en el programa “State of the Union” de CNN, el senador republicano Ron Johnson calificó de “totalmente inaceptable” la exigencia demócrata de órdenes judiciales, afirmando que “la inmigración siempre se ha controlado con órdenes administrativas”. Asimismo, el 3 de febrero, el presidente de la Cámara de Representantes, Johnson, declaró que “añadir una nueva capa de órdenes judiciales” era “inimplementable”.
Explicaremos las diferencias entre ambos tipos de órdenes y cómo el uso de órdenes administrativas por parte de la administración Trump se aleja de prácticas anteriores.
Órdenes judiciales vs. órdenes administrativas
Según el Centro Nacional de Derecho de Inmigración, las órdenes judiciales son “órdenes formales escritas que autorizan a un agente del orden público a realizar un arresto, una incautación o un allanamiento”. Son emitidas por tribunales estatales y federales y firmadas por jueces o magistrados. Dado que estas órdenes permiten allanamientos, incautaciones y arrestos en propiedad privada, son más específicas que las órdenes administrativas e incluyen detalles como la dirección, el plazo y los objetivos del allanamiento.
Las órdenes administrativas autorizan a los agentes del orden público de agencias federales a realizar arrestos o incautaciones, pero no allanamientos. “Una orden administrativa no autoriza a entrar en una vivienda ni en un espacio privado”, explicó el Servicio de Investigación del Congreso, una entidad no partidista, en un informe de 2021, con un enlace a una carta del DHS de 2007.
“Las órdenes administrativas no son revisadas ni firmadas por un juez federal o incluso un juez de inmigración, son revisadas y firmadas por oficiales de inmigración”, nos dijo John Gihon, abogado de inmigración y expresidente del Capítulo de Florida Central de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, en un correo electrónico.
Existen dos tipos de órdenes administrativas, conocidas como formularios I-200 e I-205. Según el Consejo Americano de Inmigración, los formularios I-200 se emiten para arrestar a “cualquier persona que los agentes federales consideren que se encuentra en Estados Unidos en violación de la ley federal de inmigración”. Por otro lado, el formulario I-205 “autoriza a un oficial de inmigración a arrestar y deportar a una persona cuya expulsión de Estados Unidos haya sido previamente ordenada”.
Bajo la administración de Trump, los arrestos de inmigrantes por parte de ICE han aumentado considerablemente y los agentes pueden obtener órdenes administrativas, en vez de órdenes judiciales, más rápidamente, dijeron los expertos.
En relación con la caracterización que hizo el presidente Johnson de los requisitos de las órdenes judiciales como “inimplementables”, Kathleen Bush-Joseph, abogada y analista de políticas de inmigración de EE. UU. en el Migration Policy Institute, nos dijo en una entrevista telefónica que cuando se considera “la cantidad de arrestos que el Departamento de Seguridad Nacional dice haber realizado el año pasado, que asciende a cientos de miles (…) si tuvieran que obtener órdenes judiciales para todas esas personas, eso ciertamente sería una carga administrativa significativa”.
Históricamente, la afirmación del senador Johnson de que el control de las leyes de inmigración “siempre” se ha ejercido mediante órdenes administrativas es correcta. Según Gihon, “la ley de inmigración siempre se ha controlado mediante órdenes administrativas”, ya que “según la Ley de Inmigración y Nacionalidad, no se requiere una orden judicial para realizar un arresto migratorio”.
Sin embargo, la administración Trump ha determinado, a diferencia de la práctica de administraciones anteriores, que las órdenes administrativas permiten a los agentes de inmigración “arrestar a extranjeros ilegales con órdenes definitivas de deportación en sus hogares”, como ha declarado el DHS. Esta postura ha suscitado inquietudes respecto de la Cuarta Enmienda.
La Cuarta Enmienda y los derechos de los no ciudadanos
La Cuarta Enmienda protege “el derecho de la gente a la seguridad de sus personas, domicilios, papeles y efectos contra inspecciones e incautaciones irrazonables”. Históricamente, esto ha impedido que los agentes de inmigración, con solo una orden administrativa, ingresen por la fuerza a los hogares.
En un análisis actualizado el 4 de febrero, Hannah James, asesora del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan para la Justicia, escribió que “el hogar recibe la máxima protección bajo la Cuarta Enmienda” y reiteró que la capacidad de ingresar a un hogar con una orden judicial en lugar de una administrativa es “muy diferente desde la perspectiva de la Cuarta Enmienda”.
Sin embargo, en enero, Associated Press obtuvo un memorando filtrado del 12 de mayo de 2025 escrito por el director interino de ICE, Todd Lyons, en el que decía: “Aunque históricamente el Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. (DHS) no se ha basado únicamente en órdenes administrativas para arrestar a extranjeros sujetos a órdenes finales de deportación en su lugar de residencia; la Oficina del Asesor General del DHS ha determinado recientemente que la Constitución de los EE. UU., la Ley de Inmigración y Nacionalidad y las regulaciones de inmigración no prohíben apoyarse en las órdenes administrativas para este propósito”.
Lyons se refería a las órdenes de deportación I-205, dirigidas a extranjeros con una orden final de deportación. Según una hoja informativa del Consejo Americano de Inmigración, las órdenes finales de deportación se emiten cuando “un juez de inmigración determina que un extranjero es susceptible de deportación” y este no presenta una apelación en un plazo de 30 días, renuncia a su derecho de apelación o la Junta de Apelaciones de Inmigración desestima su apelación. El gobierno puede entonces optar por ejecutar la orden de deportación, notificando al extranjero que se entregue al ICE para su deportación o que será arrestado.
Al usar la orden I-205, el memorando del DHS indicaba que los oficiales de inmigración debían llamar a la puerta del residente e identificarse. Luego, debían “permitir a quienes se encuentran en la residencia una oportunidad razonable para actuar legalmente. Si el extranjero niega el ingreso, los oficiales y agentes del ICE deben usar solo la fuerza necesaria y razonable para ingresar a su residencia, tras la debida notificación de la autoridad del oficial o agente y su intención de ingresar”.
En un comunicado de prensa del DHS del 4 de febrero, que “aclara las cuestiones sobre las órdenes administrativas”, el DHS declaró “que existe un amplio reconocimiento judicial de que los inmigrantes indocumentados no tienen derecho a las mismas protecciones de la Cuarta Enmienda que los ciudadanos estadounidenses”. En consecuencia, el comunicado de prensa decía: “Si bien las órdenes administrativas pueden cumplir con la Cuarta Enmienda para cualquier arresto de un indocumentado, ICE actualmente utiliza estas órdenes para ingresar a la residencia de un indocumentado solo cuando este ha recibido una orden final de deportación de un juez de inmigración”.
Por lo tanto, las agencias de inmigración se han atribuido la facultad de usar órdenes administrativas para ingresar a domicilios particulares y arrestar a extranjeros con órdenes definitivas de deportación. Sin embargo, expertos en inmigración nos indicaron que esta interpretación contraviene las protecciones constitucionales, en particular la Cuarta Enmienda.
Bush-Joseph nos dijo que “el entendimiento era que los inmigrantes, al igual que los ciudadanos estadounidenses, estaban protegidos por la Cuarta Enmienda contra el ingreso forzoso a sus hogares sin una orden judicial”.
James escribió que la Corte Suprema “nunca ha sostenido ni sugerido que los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos reciban menos protección de la Cuarta Enmienda que los ciudadanos o no ciudadanos con estatus legal”. James explicó que “entre los tribunales inferiores, la opinión predominante es que los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos gozan de las mismas protecciones de la Cuarta Enmienda que los ciudadanos estadounidenses”.
El 3 de febrero, el presidente Johnson describió su frustración respecto a las limitaciones de las órdenes administrativas, en específico si alguien corre a una vivienda particular. Johnson comentó: “La controversia surge cuando si alguien (…) va a ser detenido y corre detrás de una puerta cerrada y la cierra con llave. O sea, ¿qué se supone que debe hacer ICE?”.
El comunicado de prensa del DHS se hizo eco de tales preocupaciones, argumentando que “debido a que el Congreso no ha creado un mecanismo para obtener una orden judicial, esto significaba que, bajo administraciones presidenciales anteriores, ICE tendría que sentarse afuera de las casas de los extranjeros fugitivos esperando a que salieran antes de arrestarlos”. Según el DHS, los “extranjeros indocumentados identificaron rápidamente esta laguna legal” y “se burlaban abiertamente de los oficiales del ICE” que esperaban afuera.
Cuando se le preguntó sobre la situación que Johnson describió, Gihon dijo por correo electrónico: “Antes del mandato actual de Trump, los oficiales de inmigración estaban entrenados para no ingresar a residencias privadas o áreas privadas de propiedad pública sin consentimiento o una excepción al requisito de orden judicial de la Cuarta Enmienda”.
Nos comunicamos con la oficina de Johnson para solicitar comentarios, pero no recibimos respuesta.
El memorando del DHS de mayo de 2025 decía que “excepciones estándar al requisito de la órdenes de la Cuarta Enmienda se aplican igualmente en el contexto de las órdenes del Formulario I-205”, incluyendo obtener el consentimiento para entrar en la casa de una persona y “circunstancias exigentes”, como una “persecución activa”, riesgos de destrucción de evidencia o posible violencia, intentos de huida y “un riesgo sustancial de daño a las personas involucradas o al proceso de aplicación de la ley si el oficial o agente debe esperar una orden judicial”.
Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso de 2021, la doctrina de persecución activa “establece que la policía puede perseguir a un sospechoso de un delito grave que huye hasta una vivienda, cuando tiene causa probable para realizar un arresto y cuando inicia dicho arresto en un lugar público”.
Sin embargo, Gihon nos informó que la excepción de la persecución activa no se aplicaría a arrestos por infracciones migratorias civiles. “La Corte Suprema de Estados Unidos ha sostenido que la persecución activa ni siquiera se extiende a todos los delitos penales”, afirmó, citando el caso de la Corte Suprema de 2021, Lange contra California.
En referencia a las preocupaciones del DHS sobre las órdenes judiciales, James escribió que “la opinión del DHS de que carece de acceso suficiente a las órdenes judiciales no es una base válida para que la agencia prescinda de los requisitos de la Cuarta Enmienda” y que “las restricciones a la capacidad de ICE para obtener órdenes judiciales (…) pueden muy bien reflejar el juicio decidido del Congreso de que las violaciones civiles de inmigración no deben perseguirse ingresando a los hogares de las personas”.
Finalmente, con respecto a la posición del DHS de que ICE puede usar órdenes administrativas para ingresar a la residencia de una persona cuando hay una orden final de deportación, Gihon nos dijo que no tenía conocimiento de “ninguna interpretación previa de control del derecho administrativo o constitucional” que permitiera tal ingreso.
En última instancia, el asunto podría ser resuelto por los tribunales. James escribió que “la jurisprudencia en este ámbito es escasa”, citando tres fallos de tribunales de distrito. “Es probable que esta escasez de jurisprudencia se deba, en parte, a que el DHS ha admitido históricamente que las órdenes de arresto administrativo no autorizan a los agentes de ICE a ingresar a los domicilios de las personas para arrestarlas. Como resultado, los tribunales rara vez han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el tema”.
Traducción de Google Translate editada por Catalina Jaramillo.
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