La semana pasada, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) realizó audiencias públicas sobre su propuesta de desmantelar el fundamento legal de su regulación de los gases de efecto invernadero, los gases que atrapan calor y causan el cambio climático. En un importante cambio de política anunciado a finales de julio, la EPA de la administración Trump anunció que rescindiría la llamada “determinación de peligro” (endangerment finding, en inglés), que le permite a la agencia regular dichas emisiones, argumentando que ciertos avances legales y científicos justifican una reconsideración. Al mismo tiempo, la EPA ha propuesto eliminar límites a las emisiones vehiculares de gases de efecto invernadero.
La determinación de peligro, emitida por la EPA en 2009 durante la presidencia de Barack Obama, confirmó un descubrimiento científico bien consolidado: que las cantidades actuales y futuras de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, en la atmósfera “amenazan la salud pública y el bienestar de las generaciones actuales y futuras”. En un dictamen relacionado, la EPA de Obama afirmó que las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos motorizados nuevos contribuyen a estos daños.
Ambas declaraciones exigieron que la EPA estableciera límites a las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de vehículos bajo Ley de Aire Limpio (Clean Air Act, en inglés) que le encarga a la agencia regular las emisiones que “causan o contribuyen a la contaminación del aire que razonablemente se puede anticipar que pondrá en peligro la salud o el bienestar públicos”.
La determinación de peligro también sustenta otras regulaciones a gases de efecto invernadero, incluidas las que rigen centrales eléctricas e instalaciones de petróleo y gas. En la norma propuesta para regular emisiones vehiculares, la EPA declaró que además está reconsiderando otras normas sobre emisiones de gases de efecto invernadero.
Para la comunidad de la ciencia climática no existe ninguna duda de que el cambio climático causado por los humanos amenaza la salud pública. La base científica de la determinación de peligro en 2009 fue “extensa” y “se ha fortalecido aún más con investigaciones no solo sobre el sistema climático, sino también sobre los impactos del cambio climático”, declaró Noah Diffenbaugh, quien estudia los impactos del cambio climático en la Escuela Doerr de Sostenibilidad de Stanford, durante una llamada con periodistas el 31 de julio.
Si bien la norma propuesta por la EPA cuestiona la base científica de la determinación de peligro, alegando “incertidumbres sustanciales”, los principales argumentos de la agencia para rescindir la determinación y los estándares de emisiones vehiculares relacionados son legales.
A continuación, respondemos preguntas sobre la propuesta de la EPA y lo que dicen los expertos legales y climáticos sobre ella.
Bajo el proceso federal de elaboración de normas, la EPA solicitará comentarios públicos sobre la norma propuesta hasta el 22 de septiembre, y las audiencias públicas comenzaron el 19 de agosto. La agencia debe considerar y responder los comentarios públicos significativos antes de emitir una norma definitiva. Expertos legales afirman que seguramente surgirán litigios que impugnarán la norma y que la batalla judicial podría durar varios años.
- ¿Cuál es el impacto práctico de la decisión de la EPA?
- ¿Cuál es el principal argumento legal de la EPA para rescindir la determinación?
- ¿Cuál es el argumento científico de la EPA?
- ¿Qué dicen los expertos legales?
- ¿Qué dicen los científicos del clima?
¿Cuál es el impacto práctico de la decisión de la EPA?
La norma propuesta por la EPA se centra específicamente en las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos nuevos. Sin embargo, la anulación de la determinación de peligro tiene implicaciones en la capacidad de la agencia para regular las emisiones de gases de efecto invernadero en general.
La EPA ha regulado las emisiones vehiculares de gases de efecto invernadero a partir del año modelo 2012. Las últimas normas, promulgadas bajo la administración de Biden, debían comenzar a entrar en vigor en 2027.
La norma propuesta no afectaría a otras normas sobre emisiones de gases de tubo de escape, aparte de los gases de efecto invernadero, ni a las normas de economía de combustible. Sin embargo, el One Big Beautiful Bill Act, promulgado el 4 de julio, eliminó las sanciones por incumplimiento de las normas de economía de combustible, conocidas como normas de economía de combustible promedio corporativo o normas CAFE, por sus siglas en inglés. Mientras tanto, Trump firmó en junio resoluciones del Congreso que anulan las exenciones que permiten a California establecer normas de emisiones propias. Algunos estados han impugnado esta medida en los tribunales.
La nueva norma no derogaría directamente las regulaciones de la EPA sobre fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero más allá de las vehiculares. Sin embargo, si la EPA prevalece en su argumento de que carece de autoridad para regular los gases de efecto invernadero, eso le daría una base para poner fin a la regulación de estas emisiones provenientes de otras fuentes.
La EPA, bajo las administraciones de Obama y Biden, había intentado regular las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de centrales eléctricas. La EPA de Trump también está intentando derogar estas regulaciones, a pesar de que nunca entraron en vigor. La determinación de peligro también respalda las regulaciones que limitan las emisiones de metano de las instalaciones de petróleo y gas, cuyos plazos de cumplimiento la EPA recientemente retrasó.
En el corto plazo, la administración “no hará cumplir” las regulaciones sobre gases de efecto invernadero, nos dijo Pat Parenteau, profesor emérito del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de Vermont.
Jody Freeman, director del Programa de Derecho Ambiental y Energético de la Facultad de Derecho de Harvard y asesor de la Casa Blanca de Obama, también dijo a Heatmap News que “básicamente, durante el resto del mandato del presidente Trump, realmente no deberíamos esperar ver alguna acción o que las normas climáticas federales se apliquen”.
“¿Podría una futura administración restaurar todo esto?”, preguntó Parenteau, refiriéndose a la regulación de los gases de efecto invernadero por parte de la EPA. “La respuesta es sí, dependiendo de lo que decida la Corte Suprema”.
Si la EPA gana su argumento principal de que no tiene la autoridad para regular las emisiones de gases de efecto invernadero, “eso afectará a las administraciones futuras”, dijo Parenteau, posiblemente requiriendo que las regulaciones pasen por el Congreso para establecer límites futuros.
“Los riesgos legales de finalizar esta propuesta son considerables”, escribieron tres abogados del Programa de Derecho Ambiental y Energético de la Facultad de Derecho de Harvard en un análisis legal publicado el 12 de agosto. “Pero si la EPA procede con su propuesta principal de rescindir la Determinación de Peligro basándose en su nueva interpretación de la Ley de Aire Limpio y los tribunales la confirman, esto aplicará a futuras administraciones e impedirá la regulación federal de las emisiones de gases de efecto invernadero de las principales fuentes estadounidenses”.
Una victoria total de la EPA podría abrir nuevas vías para que los estados regulen las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que los estados podrían argumentar que ya no hay normas federales que prevalezcan sobre otras.
Además, las empresas demandadas por organizaciones y estados por daños causados por emisiones de combustibles fósiles han argumentado que la autoridad reguladora de la EPA prevalece sobre estas demandas. Una derogación total de la determinación de peligro podría exponer a las empresas a responsabilidades, según Parenteau y otros expertos legales.
¿Cuál es el principal argumento legal de la EPA para rescindir este fallo?
“La Determinación de Peligro es el requisito legal utilizado por las administraciones de Obama y Biden para regular las emisiones de vehículos nuevos y de motores de vehículos nuevos”, nos informó un portavoz de la EPA en repuesta. “Sin este dictamen, la EPA carecería de autoridad legal, según la Sección 202(a) del Clean Air Act (CAA), para establecer estándares de emisiones de gases de efecto invernadero”.
En la propuesta, la agencia sostiene que la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act) sólo se aplica a contaminantes locales y regionales, no a las emisiones de gases de efecto invernadero; que la agencia anteriormente debería haber considerado la contribución de las clases individuales de vehículos y los gases de efecto invernadero al cambio climático global; y que la agencia anteriormente no consideró adecuadamente el costo ni la eficacia de las regulaciones sobre los vehículos.
“Es una mezcla de todo”, nos dijo Parenteau. “Intentan darles a los tribunales, y en particular a la Corte Suprema, un abanico de argumentos con la esperanza de que algo prospere”.
La EPA argumentó inicialmente que los gases de efecto invernadero no se consideran legalmente contaminantes que amenacen el bienestar, según la definición de la Ley de Aire Limpio. La EPA afirmó que la sección pertinente de la Ley de Aire Limpio “no autoriza a la EPA a establecer estándares de emisiones para abordar preocupaciones sobre el cambio climático global”.
En cambio, argumentó la EPA, la contaminación del aire “se lee mejor en contexto cuando se refiere a la exposición local o regional a contaminación del aire peligrosa, en consonancia con nuestra práctica de larga data antes de 2009”. La agencia continuó diciendo que los contaminantes del aire regidos por la Ley de Aire Limpio “son aquellos que causan o contribuyen a la contaminación del aire por lo cual la contaminación del aire en sí misma, a través de la exposición local o regional a los seres humanos y al medio ambiente, pone en peligro la salud o el bienestar públicos”. Esto podría incluir una sustancia, como el monóxido de carbono, que es directamente perjudicial para los seres humanos, dijo la agencia, o una sustancia que interactúa con la luz solar u otros productos químicos para crear contaminación del aire, como en el caso de los productos químicos que interactúan para causar lluvia ácida. En contraste, dijo la agencia, el argumento de que los gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud y el bienestar públicos se basa en demasiados pasos para llegar a estos daños, y los daños varían en gravedad según la región.
La EPA también argumentó que, al emitir una determinación general de peligro considerando una mezcla de gases de efecto invernadero, la EPA de Obama “separó” indebidamente determinación de peligro del conjunto específico de vehículos y gases que la agencia intentaba regular. No basta con concluir de manera general que los gases de efecto invernadero ponen en peligro la salud pública, argumentó la EPA, afirmando que la administración Obama debía demostrar el peligro para cada gas de efecto invernadero y cada fuente de emisiones.
¿Cuál es el argumento científico de la EPA?
Como argumento secundario, la EPA criticó la base científica de la determinación de peligro, citando en muchos casos un nuevo informe del Departamento de Energía que contiene una serie de afirmaciones falsas y engañosas para minimizar los daños del cambio climático. El Departamento de Energía también está solicitando comentarios públicos sobre su informe sobre el cambio climático y la fecha límite para hacerlo es el 2 de septiembre.
El secretario del Departamento de Energía, Chris Wright, seleccionó a mano a los autores (cuatro científicos y un economista conocido por cuestionar el consenso sobre la ciencia del clima) para formar un “Grupo de Trabajo sobre el Clima”.
Más de una docena de investigadores, cuyos hallazgos se citaron en el informe, han afirmado que su trabajo fue mal utilizado, sacado de contexto o seleccionado arbitrariamente. Algunos científicos están trabajando en una respuesta más detallada al informe de 151 páginas.
En la norma propuesta, la EPA argumentó que la administración Obama había sido excesivamente pesimista sobre el calentamiento global y los impactos del calor extremo en la salud. La EPA también cuestionó la fiabilidad de conclusiones previas sobre temas como el clima extremo y el aumento del nivel del mar, argumentando que debería haber considerado los beneficios del aumento del dióxido de carbono. Como ya hemos mencionado, los científicos del clima concluyeron que la base general para determinar que las emisiones de gases de efecto invernadero ponen en peligro el bienestar humano se ha fortalecido desde la determinación de peligro original.
En abril, la administración Trump despidió a cientos de expertos que habían estado trabajando en la elaboración de la sexta Evaluación Nacional del Clima, un documento exigido por el Congreso, y posteriormente desactivó el sitio web que albergaba los informes anteriores. Wright declaró recientemente que la administración estaba actualizando estos informes ya publicados. Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NASEM, por sus siglas en inglés) anunciaron el 7 de agosto que realizarían su propia revisión, centrada en la evidencia desde 2009, sobre si se prevé razonablemente que las emisiones de gases de efecto invernadero pongan en peligro la salud y el bienestar públicos en Estados Unidos, con una publicación prevista para septiembre.
Le preguntamos a la EPA sobre su respuesta a las preocupaciones científicas relacionadas con el informe del Departamento de Energía y si consideraría el informe de NASEM al revisar la norma propuesta. “La propuesta de la EPA es de carácter legal”, nos dijo el portavoz, antes de profundizar en el argumento legal. “La agencia consideró diversas fuentes e información para evaluar si las predicciones y las suposiciones utilizadas en la Determinación de Peligro de 2009 son precisas y se ajustan a los límites de la autoridad de la EPA” según la Ley de Aire Limpio, afirmó el portavoz.
“El Grupo de Trabajo sobre el Clima y el Departamento de Energía esperan poder realizar comentarios sustanciales una vez concluido el período de comentarios de 30 días”, nos dijo un portavoz del Departamento de Energía por correo electrónico, en respuesta a una pregunta sobre las críticas de las personas cuyo trabajo fue citado en el informe del departamento.
¿Qué dicen los expertos legales?
El argumento legal actual de la EPA contradice un fallo de la Corte Suprema de 2007 en el caso Massachusetts vs. EPA, según han señalado diversos abogados especializados en clima. En dicho caso, los jueces dictaminaron que las emisiones de gases de efecto invernadero se consideraban como contaminación atmosférica que podía regularse con la Ley de Aire Limpio y que la EPA debía evaluar si contribuían al cambio climático. Este fallo llevó a la EPA a emitir la determinación de peligro y a regular las emisiones de gases de efecto invernadero, comenzando por las normas sobre emisiones de vehículos.
La EPA actual ha argumentado que anteriormente había malinterpretado las conclusiones de la Corte Suprema y que el fallo “no requería que la Agencia encontrara que [los gases de efecto invernadero] están sujetos a regulación” bajo la sección relevante de la Ley de Aire Limpio.
“Este lenguaje local y regional [en la norma propuesta] no se encuentra en la Ley de Aire Limpio y contradice el propósito de la Ley de proteger la salud y el bienestar público”, dijo Greg Dotson, quien dirige el Proyecto de Derecho y Política Energética de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregón, a Yale Climate Connections. “Además, contradice numerosos casos de la Corte Suprema de los últimos 20 años”.
La EPA “cuenta con que la Corte Suprema no aplique el precedente o simplemente lo anule”, dijo Parenteau. “Eso es un gran salto. Eso es pedir mucho”.
El análisis del Programa de Derecho Ambiental y Energético de Harvard señaló que la EPA de Obama sí analizó los impactos del cambio climático en Estados Unidos, y que, en la medida en que analizó los efectos globales del cambio climático, fue para comprender cómo afectarían el bienestar de los estadounidenses. “La EPA tergiversa la Determinación de Peligro de 2009 al afirmar que no demostró un peligro local”, escribieron los abogados.
El análisis de Harvard también sostuvo que, contrariamente a la afirmación legal de la EPA, la Ley de Aire Limpio respalda la consideración conjunta de las fuentes y las emisiones al emitir una determinación de peligro. Además, el análisis indicó que la EPA calculó la contribución de cada tipo de vehículo y gas de efecto invernadero a las emisiones en un documento justificativo de la determinación de peligro.
“La intención de la EPA con este razonamiento parece ser dividir las emisiones estadounidenses en pequeñas porciones, fragmentando las emisiones nacionales para que parezcan representar una proporción menos significativa de las emisiones globales”, señala el análisis. “Este enfoque efectivamente prohibiría a la EPA regular las emisiones [de gases de efecto invernadero] de las fuentes con mayores emisiones en EE. UU.”.
El sector del transporte contribuye al 28% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país, según la EPA. Estados Unidos es el segundo mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, según la Comisión Europea.
Es más, según el análisis, la decisión en Massachusetts v. EPA “deja claro que emitir una determinación de peligro y desarrollar regulaciones son dos pasos distintos”, y es apropiado considerar los costos, como lo hizo la EPA bajo administraciones anteriores, al emitir regulaciones de emisiones de gases de efecto invernadero de fuentes específicas.
La EPA actual afirmó que los avances legales desde el caso Massachusetts contra la EPA justifican revisar la determinación de peligro de 2009.
Uno de ellos es la revocación de la doctrina Chevron en 2024. Bajo esta doctrina, los tribunales daban deferencia a las agencias para interpretar estatutos ambiguos. La EPA argumentó que la administración Obama se había extralimitado al arrogarse la autoridad para regular las emisiones de gases de efecto invernadero, afirmando que “ya no podemos basarnos en el silencio o la ambigüedad de los estatutos para ampliar nuestro poder regulatorio”.
Otros argumentaron que la revocación de la doctrina Chevron podría, de hecho, perjudicar el caso de la EPA. Parenteau afirmó que el fallo de 2024 significa que los tribunales no necesitan dar deferencia a la interpretación actual de la agencia de la Ley de Aire Limpio.
“Ya no pueden simplemente decir que deben darnos deferencia bajo Chevron” al interpretar la Ley de Aire Limpio, declaró Freeman, el abogado especializado en clima de Harvard, a Heatmap News. En cambio, la EPA tendrá que convencer a los tribunales de que su interpretación de la Ley de Aire Limpio es la correcta.
La EPA también citó el caso West Virginia vs. EPA de 2022, en el que la Corte Suprema dictaminó que el Plan de Centrales de Energía Limpia (Clean Power Plant Plan, en inglés) de la administración Obama era inválido. El tribunal citó la doctrina de las cuestiones mayores, o la idea de que una agencia debe obtener una autorización clara del Congreso antes de ejercer una nueva autoridad regulatoria si el asunto en cuestión tiene importantes consecuencias económicas y políticas.
La decisión de la EPA de Obama de regular los gases de efecto invernadero “implica la ‘doctrina de las cuestiones importantes’ porque involucra cuestiones de gran importancia política y económica, y el Congreso no le ha dado claramente a la EPA autoridad para regular dichos contaminantes bajo la Ley de Aire Limpio”, dijo a E&E News el abogado climático Jeffrey Holmstead, administrador adjunto de la Agencia para el Aire y la Radiación de la EPA durante el gobierno del expresidente George W. Bush y asesor asociado del expresidente George H. W. Bush.
Pero según el análisis legal de Harvard, el tribunal en el fallo de Virginia Occidental “nunca cuestionó la autoridad de la EPA para regular los gases de efecto invernadero”, sino que cuestionó los detalles de cómo la agencia los estaba regulando.
Parenteau argumentó que la doctrina de las preguntas mayores podría perjudicar el argumento de la EPA. Añadió que el argumento de la EPA de que no tiene la autoridad para regular las emisiones de gases de efecto invernadero es en sí mismo novedoso y de gran trascendencia.
¿Qué dicen los científicos del clima?
La EPA citó el informe del Departamento de Energía para minimizar los daños de los fenómenos climáticos extremos y el aumento del nivel del mar, y destacar los efectos positivos del dióxido de carbono en el crecimiento vegetal. También minimizó la evidencia de los daños de las emisiones a la agricultura.
Como hemos dicho, los científicos del clima han argumentado que la evidencia de los daños de las emisiones de gases de efecto invernadero a la salud pública se ha fortalecido con el tiempo.
En una revisión publicada en Science en 2018, los investigadores escribieron que “los argumentos a favor de la determinación de peligro, que ya eran abrumadores en 2009, están aún más fuertemente justificados”.
Este año, otro grupo de científicos revisó nuevamente la evidencia. A principios de la década de 2000, el grupo había presentado un escrito amicus curiae en el caso Massachusetts contra la EPA. “Dieciséis años después, la evidencia científica que respalda la determinación de peligro es aún más sólida, sin ninguna prueba que la contradiga”, escribieron los científicos en un comentario publicado en junio de 2025 en AGU Advances. “Todas las predicciones de nuestro escrito amicus sobre las tendencias climáticas futuras se han cumplido, algunas alarmantemente más rápido de lo previsto”.
Los científicos escribieron que los “años más extremos” registrados en cuanto a temperatura superficial global, contenido de calor oceánico global, retroceso del hielo marino del Ártico, aumento del nivel del mar y aumento de la acidez de los océanos han ocurrido desde el hallazgo de 2009.
Además, señalaron que las muertes relacionadas con el calor están aumentando y que los incendios forestales se están agravando en los climas mediterráneos, lo que provoca episodios de humo. Asimismo, señalaron que el cambio climático está contribuyendo a la propagación de enfermedades y perturbando la agricultura.
Andrew Dessler, climatólogo de la Universidad Texas A&M, ha estado ayudando a coordinar los esfuerzos de los científicos para responder al informe climático del Departamento de Energía. “El informe que elaboraron debe considerarse como un escrito de abogados que defienden a su cliente, el dióxido de carbono”, escribió en una declaración en redes sociales. “Su objetivo no es evaluar las pruebas de forma justa, sino construir el argumento más sólido posible a favor de la inocencia del CO₂. Esto supone una desviación fundamental de las normas científicas”.
Traducción de Google Translate editada por Catalina Jaramillo.
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