Trump, el Proyecto 2025 y las políticas de inmigración

Al abogar por “un enfoque creativo y agresivo” para patrullar la frontera, el Proyecto 2025 sugirió el posible “uso de personal militar en servicio activo y de la Guardia Nacional para ayudar en las operaciones de arresto a lo largo de la frontera, algo que aún no se ha hecho”.

Eso es precisamente lo que ha hecho la administración Trump, designando franjas de tierra a lo largo de la frontera como extensiones de bases militares, entre otras acciones.

En su primer día en el cargo, Trump declaró una emergencia nacional en la frontera sur y emitió una orden ejecutiva “aclarando” el uso de las fuerzas armadas en pos de proteger la “integridad territorial” de Estados Unidos, dándole amplios poderes para dirigir unilateralmente más fondos y recursos federales a la seguridad fronteriza. 

Un día después de declararse la emergencia nacional, el secretario de Defensa interino, Robert Salesses, se reunió con altos oficiales militares para desarrollar planes para implementar la directiva de Trump, que incluía el envío de 1.500 militares en servicio activo a San Diego y El Paso, Texas. (En ese momento, había unos 2.500 miembros de la Guardia Nacional y la Reserva de EE. UU. en la frontera, pero no había militares en servicio activo). 

“Esto es solo el comienzo”, declaró Salesses en un comunicado del 22 de enero. “Próximamente, el Departamento desarrollará y ejecutará misiones adicionales en cooperación con el DHS, agencias federales y socios estatales para abordar todas las amenazas señaladas por el presidente en las fronteras de nuestro país”.

Un día después, el general Steven Nordhaus, jefe de la Oficina de la Guardia Nacional, dijo que la guardia “está aumentando su apoyo y coordinando estrechamente los requisitos emergentes con USNORTHCOM y el Comando de Transporte de EE. UU. para personal adicional, transporte aéreo militar, construcción de barreras y otras capacidades para cumplir con las directivas presidenciales y del Secretario de Defensa”.

Desde entonces, la administración Trump ha incrementado significativamente el uso militar para ayudar a combatir la inmigración ilegal en la frontera y en el interior de Estados Unidos, y el contrabando de drogas a través de barcos.

En marzo, el Departamento de Defensa activó un Cuerpo Especial Conjunto en la Frontera Sur para ayudar a ICE con el mantenimiento y las operaciones de transporte, incluido el apoyo aéreo y la detección y el monitoreo de “actividad sospechosa”, entre otras cosas. 

El Cuerpo Especial Conjunto de la Frontera Sur estableció cuatro Áreas de Defensa Nacional en Arizona, Nuevo México y Texas “para proteger la frontera sur de Estados Unidos de la entrada ilegal”, según el Comando Norte de Estados Unidos. Las cuatro zonas abarcan aproximadamente 515 millas (825 kilómetros) a lo largo de la frontera sur, según nos informó un portavoz del Comando Norte en un correo electrónico.

“Las Áreas de Defensa Nacional son extensiones estrechas y no contiguas de bases militares existentes”, declaró un portavoz del grupo de trabajo en un correo electrónico. “En el caso del Área de Defensa Nacional de Nuevo México, el ancho del terreno varía entre 60 pies y una milla a lo largo de aproximadamente 170 millas no contiguas”.

Después de que Trump emitió un memorando en abril con directrices para el Departamento de Defensa sobre cómo “sellar” la frontera y “repeler invasiones”, el Comando Norte de Estados Unidos autorizó a los soldados en el Área de Defensa Nacional de Nuevo México a registrar y detener a los intrusos “hasta que una entidad policial apropiada pueda asumir la custodia”.

Mark Nevitt, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad Emory, escribió en abril que convertir “una franja de tierra federal a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos en una enorme ‘Área de Defensa Nacional’”, elude efectivamente la Ley Posse Comitatus, que “prohíbe que las fuerzas militares federales se utilicen en capacidad policial”.

Existe una excepción a la Ley Posse Comitatus conocida como la “doctrina del propósito militar”, escribieron en abril Elizabeth Goitein y Joseph Nunn del Centro Brennan para la Justicia.

“La doctrina, concebida por el poder ejecutivo y respaldada por los tribunales, sostiene que una acción adoptada principalmente para promover un propósito militar no viola la Ley Posse Comitatus incluso si proporciona un beneficio incidental a las fuerzas del orden civiles”, escribieron.

El cuerpo especial fronterizo cuenta con un total de 7.600 efectivos en servicio activo, incluidos 250 que patrullan regularmente la frontera suroeste, dijo el funcionario del Departamento de Defensa.

El Departamento de Justicia ha presentado cargos por violación de la propiedad contra cientos de migrantes, pero en mayo un juez federal desestimó las causas de unos 100 acusados porque no ingresaron a sabiendas a propiedades militares. “Estados Unidos no aporta ningún hecho que permita concluir razonablemente que el acusado sabía que estaba ingresando a la NMNDA”, escribió el juez.

En julio, Trump firmó un proyecto de ley de reconciliación que proporcionó “mil millones de dólares para apoyar actividades militares en la frontera sur, incluida la detención temporal de migrantes en instalaciones del Departamento de Defensa y la operación y construcción de infraestructura en ‘áreas de defensa nacional’”, escribió Federal News Network.

En cuanto a la Guardia Nacional, existe una larga historia de despliegue de la guardia en la frontera sur, incluyendo durante los mandatos de los presidentes George W. Bush, Barack Obama, Joe Biden y Trump durante su primer mandato. 

Pero en su segundo mandato, Trump amplió el uso de la Guardia Nacional más allá de la frontera. En mayo, el Departamento de Seguridad Nacional solicitó 20.000 efectivos de la Guardia Nacional para apoyar la ofensiva presidencial contra la inmigración ilegal en el interior del país, no en la frontera sur, para cumplir con el “mandato” de Trump de “arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales delincuentes”.

En respuesta, el Departamento de Defensa ha pedido a 20 estados, todos dirigidos por gobernadores republicanos, que activen tropas de la Guardia Nacional para apoyar las operaciones de ICE, según varios informes de prensa.

Los gobernadores de Tennessee y Wyoming estuvieron entre los primeros en activar las tropas de la Guardia Nacional para ayudar a ICE, mientras que el gobernador de Vermont rechazó la solicitud del Departamento de Defensa. 

Los miembros de la guardia fueron activados bajo el estatus del Título 32, lo que significa que “estarían bajo el mando y control del gobernador de su estado o territorio, pero su deber está financiado y regulado por el gobierno federal”, como se explica en una hoja informativa sobre los estatus de servicio de la Guardia Nacional. 

El Christian Science Monitor escribió que los expertos “no tienen conocimiento de ningún uso previo de la Guardia Nacional bajo lo que se denomina estatus Título 32 para ayudar a ICE en el interior del país”. 

Chris Mirasola, profesor adjunto de derecho en el Centro de Derecho de la Universidad de Houston, dijo al Christian Science Monitor que la decisión es una “grave escalada” en el uso de tropas de la Guardia Nacional para la aplicación de las leyes de inmigración. 

La represión de Trump en la frontera sur parece haber reducido significativamente el número de personas que intentan cruzar la frontera ilegalmente. La Patrulla Fronteriza de EE. UU., responsable de las entradas ilegales entre los puertos de entrada, reportó 49.620 incidentes de control en la frontera suroeste entre febrero y agosto, un 93 % menos que en el mismo período de siete meses de 2024. 

El ejército también ha sido utilizado para trabajar con la Guardia Costera de Estados Unidos en misiones de interdicción de drogas en el Golfo y para llevar a cabo ataques aéreos letales contra barcos venezolanos en el Caribe que, según la administración, transportaban drogas.

(Nota de estilo: El 5 de septiembre, Trump emitió una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a “Departamento de Guerra”. Un cambio de nombre formal requeriría una ley del Congreso, por lo que la orden del presidente ordenó a las agencias federales utilizar la “designación secundaria de Departamento de Guerra” cuando se refirieran al Departamento de Defensa).

Bajo la administración de Biden, a los agentes de inmigración generalmente se les impidió realizar acciones de cumplimiento de la ley en o cerca de “áreas protegidas”, como refugios, iglesias y juzgados.  

“Este principio es fundamental”, escribió el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en un memorando del 27 de octubre de 2021 dirigido a altos funcionarios del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. “Podemos cumplir nuestra misión de cumplimiento de la ley sin negar ni limitar el acceso de las personas a la atención médica necesaria, el acceso de los niños a sus escuelas, el acceso de las personas desplazadas a alimento y refugio, el acceso de las personas religiosas a sus lugares de culto, y más”.

El Proyecto 2025 exigía la rescisión de “todos los memorandos del ICE que identificaban ‘zonas sensibles’ donde el personal de ICE tenía prohibido operar. En cambio, el documento establecía que ICE debería confiar en el buen juicio de los oficiales en terreno para evitar situaciones inapropiadas”.

El día que Trump asumió el cargo, el DHS anuló las pautas de la era Biden para la aplicación de la ley migratoria en o cerca de áreas protegidas, haciéndose eco del lenguaje del Proyecto 2025 sobre confiar en los agentes del ICE. 

“Los delincuentes ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados”, declaró el DHS en un comunicado de prensa. “La Administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden, sino que confía en que usen el sentido común”.

Como resultado, se han producido incidentes en los que migrantes han sido arrestados en o cerca de juzgados, iglesias, refugios y escuelas. 

El 16 de julio, defensores de la inmigración presentaron una demanda colectiva para impedir que el gobierno arrestara y deportara a quienes se presentaron en los tribunales para las audiencias de inmigración programadas. La demanda, aún pendiente, alega que se les está negando el debido proceso a los migrantes.  

Julia Gelatt, directora asociada del programa de política migratoria del Migration Policy Institute, nos dijo en una entrevista telefónica que la administración Trump está “tratando de enviar el mensaje a las personas que están en el país sin autorización que no es seguro estar aquí” y que “deberían considerar salir” de Estados Unidos.

En octubre de 2021, Mayorkas, secretario del DHS, emitió un memorando que ordenaba a los altos funcionarios de inmigración “cesar las operaciones masivas en centros de trabajo” que a veces resultan en el arresto simultáneo de cientos de trabajadores. En cambio, deberían centrar sus esfuerzos de control “en los empleadores sin escrúpulos que se aprovechan de la vulnerabilidad de los trabajadores indocumentados”, decía el memorando.

El Proyecto 2025 exigía un enfoque diferente, que la administración Trump ha adoptado. El documento instaba al ICE a utilizar “órdenes judiciales de inspección civiles” en los lugares de trabajo para arrestar a “inmigrantes ilegales”.

“El uso de las Blackies Warrants debería implementarse en el ICE. Estas órdenes de inspección civiles se utilizan comúnmente para el control de infracciones en lugares de trabajo cuando los agentes tienen causa probable de que inmigrantes indocumentados trabajan en una empresa”, declaró el Proyecto 2025.

Las órdenes judiciales de inspección suelen ser selladas, por lo que desconocemos cuántas veces el ICE ha ejecutado órdenes Blackie en lugares de trabajo. Pero sabemos que sí lo ha hecho, porque un magistrado federal de Texas rechazó la solicitud del gobierno para una orden Blackie porque, según él, violaba la Constitución de Estados Unidos. 

Una orden judicial Blackie, llamada así por el fallo de 1981 Blackie’s House of Beef Inc. v. Castillo, es una herramienta policial controvertida porque permite a los agentes de ICE obtener una orden de inspección proporcionando únicamente “los lugares que se inspeccionarán y la hora y el alcance de la inspección”, según el Manual de búsqueda e incautación de ICE, que describe una orden de Blackie como una “orden civil/administrativa”.  

“La principal ventaja de la orden judicial Blackie es que no es necesario identificar específicamente a los extranjeros buscados”, dice el manual. “Más bien, la orden Blackie y la declaración jurada adjunta solo deben establecer una base plausible para creer que hay extranjeros ilegales anónimos presentes en el lugar que se va a inspeccionar”.

Gelatt, del Instituto de Política Migratoria, nos explicó que una vez que el ICE entra a un lugar de trabajo, “puede interrogar a cualquier persona sobre su estatus migratorio. Y si alguien intenta abandonar el lugar de trabajo, eso daría una causa probable para entrevistarlo… o, potencialmente, para arrestarlo”.

Pero los defensores de los derechos civiles dicen que las órdenes Blackie violan la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege a los individuos de “inspecciones e incautaciones irrazonables” y prohíbe la ejecución de una orden a menos que nombre “el lugar que será inspeccionado y las personas o cosas que serán incautadas”.

Jessica Hahn, abogada principal del Centro Nacional de Derecho Migratorio, declaró al Washington Post que el ICE está utilizando las órdenes Blackie “para evadir los requisitos legales que obligan a las fuerzas del orden”. En un correo electrónico, Hahn nos explicó que solo podía confirmar la solicitud de una orden Blackie en Texas, “porque el gobierno archiva estas solicitudes bajo secreto”.

En Texas, el magistrado estadounidense Andrew M. Edison rechazó la solicitud del gobierno de una orden de inspección civil/administrativa, en parte, porque dicha búsqueda sería “inherentemente criminal”.

En su orden, Edison citó una ley de 1986 que convertía en delito contratar a sabiendas a trabajadores que viven ilegalmente en Estados Unidos y una norma federal que “exige ‘causa probable para buscar y detener a una persona’”.

“Aunque el Gobierno considera esta inspección como civil, es inherentemente penal, ya que el/los propietario(s) del negocio objetivo se enfrentan a sanciones penales por emplear a extranjeros sin autorización de trabajo”, escribió. “Además, el mecanismo para obtener una orden para inspeccionar a una persona —un extranjero es una persona— es la Regla Federal de Procedimiento Penal 41(d)(1), no una orden administrativa”.

Edison emitió su opinión el 27 de mayo. Incluso después de ese fallo, ICE continuó con sus esfuerzos de control masivo en los lugares de trabajo, en su búsqueda por cumplir la promesa de Trump de “deportación masiva”. 

En una semana de junio, ICE anunció el arresto de más de 70 trabajadores en una planta empacadora de carne en Nebraska y más de 80 trabajadores en un hipódromo en Luisiana. 

En septiembre, el ICE y otras agencias del orden público detuvieron a 475 trabajadores en una planta de baterías de Hyundai en Georgia. Según CNN, la orden de inspección ejecutada en Georgia identificó a “cuatro personas que debían ser inspeccionadas específicamente, pero las autoridades llegaron con una cantidad considerable de personal y equipo, lo que sugiere la intención de realizar una redada más amplia”. La redada resultó en la detención de 317 surcoreanos, aunque el gobierno de ese país afirmó que los trabajadores se encontraban en Estados Unidos para capacitar a estadounidenses para trabajar en la planta. Trump posteriormente ofreció permitirles permanecer en Estados Unidos para completar la capacitación, pero solo uno se quedó, según Reuters.  

El ICE afirmó haber llevado a cabo docenas de operativos de control migratorio en centros de trabajo que, hasta abril, han resultado en el arresto de más de 1.000 trabajadores. (ICE no ha respondido a nuestra solicitud de cifras actualizadas de arrestos).

El número total de arrestos por parte de ICE bajo el gobierno de Trump ha aumentado significativamente. En los primeros siete meses completos de Trump, de febrero a agosto, ICE ha realizado 158.766 arrestos, un aumento con respecto a los 55.383 arrestos durante ese mismo período del año pasado bajo el gobierno de Biden, según las estadísticas de detención de ICE para “los registros iniciales por agencia que realizó el arresto” en los años fiscales 2025 y 2024. Sin embargo, los arrestos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. han disminuido significativamente, por lo que el total de arrestos por parte de ambas agencias solo ha aumentado un 9,3 %.

En cuanto a las deportaciones, al menos 180.000 personas han sido deportadas por el ICE durante el gobierno de Trump, según informó el New York Times, citando datos hasta el 29 de julio del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California, Berkeley. El artículo señalaba que ICE “está en camino de deportar a más de 400.000 personas” durante el primer año de Trump, lo que estaría por debajo de su meta de un millón al año.

El Proyecto 2025 exigía un “aumento significativo” de camas en los centros de detención de inmigrantes, “elevando el número diario de camas disponibles a 100.000”.

Bajo el liderazgo de Trump, ICE ha añadido “aproximadamente 18.000 camas” en menos de siete meses, lo que eleva la capacidad de detención de la agencia a aproximadamente 62.000, nos dijo un portavoz de ICE en una declaración.

“ICE ha trabajado con operadores de detención privados, gobiernos locales y otros socios federales para identificar y poner en funcionamiento más de 60 nuevos centros de detención y ha agregado capacidad permanente y temporal a sus instalaciones existentes para un total de aproximadamente 18.000 camas adicionales activas o pendientes de activación”, señala el comunicado.

Además, bajo la ley llamada One Big Beautiful Bill, se dispondrá de más fondos para aumentar significativamente el espacio disponible. La nueva ley otorga a ICE 45.000 millones de dólares hasta el año fiscal 2029 para aumentar la capacidad en centros de detención para adultos y centros residenciales familiares.

El Consejo Americano de Inmigración, que aboga por “un proceso justo para los inmigrantes”, dijo que los 45.000 millones de dólares “podrían resultar en la detención diaria de al menos 116.000 no ciudadanos”.

Al 9 de septiembre, ICE tenía 58.766 personas en sus centros de detención, un aumento de aproximadamente el 57 % respecto de los 37.395 detenidos del año pasado, el 8 de septiembre de 2024, según Transaction Records Access Clearinghouse, o TRAC, que ha estado recopilando y distribuyendo datos de inmigración desde 1989.

El Proyecto 2025 exigió la eliminación de dos oficinas de vigilancia migratoria: la Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos y la Oficina del Defensor de Servicios de Ciudadanía e Inmigración. También solicitó al DHS que cerrara su Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, pero que mantuviera a una persona como oficial de Derechos Civiles y Libertades Civiles. 

Al justificar sus recomendaciones, el Proyecto 2025 dijo: 

• El defensor, u ombudsman, de los inmigrantes detenidos “fue diseñado para crear otro impedimento a la detención a través de una capa adicional de la llamada supervisión”.

• Los deberes del defensor, u ombudsman, de los servicios de inmigración “pueden ser desempeñados (y a veces ya lo son)” por el Inspector General del DHS y la Oficina de Responsabilidad del Gobierno.

• La ley federal estableció únicamente un funcionario de derechos y libertades civiles, “no una oficina”.

En marzo, el New York Times informó que el DHS había “cerrado” sus tres oficinas. El New York Times citó a Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, quien afirmó que la decisión era necesaria para “agilizar la supervisión y eliminar obstáculos a la aplicación de la ley”.

“Estas oficinas han obstaculizado la aplicación de las leyes migratorias al añadir trabas burocráticas y socavar la misión del D.H.S.”, declaró McLaughlin al Times. “En lugar de apoyar las iniciativas de las fuerzas del orden, a menudo funcionan como adversarios internos que ralentizan las operaciones”. 

Sin embargo, las tres oficinas dicen en sus sitios web que permanecerán abiertas “y desempeñarán las funciones requeridas por ley”. 

En marzo, defensores de inmigrantes y de la buena gobernanza expresaron su preocupación y solicitaron al DHS que revocara su decisión. Uno de ellos, que pidió no ser identificado, nos informó que las oficinas del DHS estaban “cerradas en la práctica” debido a los recortes de personal. “Actualmente, nos han informado de que las oficinas han reabierto, pero no hemos recibido información fiable sobre si cuentan con suficiente personal para llevar a cabo sus funciones”, declaró. 

Preguntamos al DHS sobre el estado de cada oficina, incluyendo el número de empleados, así como el número de quejas que han gestionado, las inspecciones que han realizado y los informes que han emitido. Un alto funcionario del DHS nos indicó que las oficinas permanecen abiertas, pero no respondió a nuestras preguntas específicas. 

“Todas las funciones legalmente requeridas continúan ejecutándose, pero de manera eficiente y rentable, y sin obstaculizar la misión del Departamento de proteger la patria”, nos dijo el funcionario del DHS. “Las oficinas de supervisión continúan recibiendo e iniciando nuevas quejas e investigaciones”.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que fue creado por la Ley de Inmigración de 1990, extiende la autorización de trabajo y la protección contra la deportación a ciudadanos de países que sufren conflictos armados, desastres naturales u otras “condiciones extraordinarias y temporales”, como explica el DHS.

Al 31 de marzo, aproximadamente 1,3 millones de extranjeros residían en EE. UU., procedentes de 17 países, que habían sido designados para el TPS por el secretario del DHS, según un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) del 28 de agosto. Casi la mitad de ellos (605.015) provenían de Venezuela y se encontraban bajo dos designaciones de TPS distintas, según el informe.

Sin entrar en detalles, el Proyecto 2025 instó al Congreso a “derogar” las designaciones del TPS. Solo el Congreso puede “derogar” un programa de inmigración creado por ley. Sin embargo, la administración Trump lleva meses intentando cancelar el estatus de protección de cientos de miles de migrantes de varios países.

El Departamento de Seguridad Nacional canceló las designaciones de TPS para los ciudadanos de Venezuela el 5 de febrero, Afganistán el 13 de mayo, Camerún el 4 de junio, Nepal el 6 de junio y Haití el 1 de julio, así como Nicaragua y Honduras el 8 de julio. En el caso de Venezuela, el DHS dijo que buscaba cancelar la designación hecha en octubre de 2023, que no expirará hasta octubre de 2026, pero no la designación de Venezuela de 2021, que expiró el 10 de septiembre.

Se han presentado impugnaciones judiciales contra todos los avisos de rescisión, con resultados dispares.

El 1 de julio, el juez de distrito estadounidense Brian M. Cogan bloqueó temporalmente la capacidad de la administración Trump de cancelar el estatus TPS para los haitianos.

El 31 de julio, la jueza federal de distrito Trina L. Thompson pausó la entrada en videncia de la terminación del TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal. “En total, los demandantes han presentado pruebas suficientes que demuestran la animadversión racial y discriminatoria que sustenta su solicitud de la Quinta Enmienda”, escribió Thompson en su fallo del 31 de julio. “El color no es un veneno ni un delito”.

Sin embargo, el 20 de agosto, un tribunal de apelaciones suspendió la orden de Thompson, lo que permitió al Departamento de Seguridad Nacional cancelar el TPS para los tres países mientras continuaba el proceso judicial. Las protecciones finalizaron para los nepaleses el 20 de agosto, cuando se emitió la orden judicial, y el 8 de septiembre, como estaba previsto originalmente, para los hondureños. 

En los casos de Camerún y Afganistán, un tribunal federal de apelaciones permitió que las impugnaciones legales siguieran adelante, pero solo concedió a los afganos una breve prórroga de las fechas de terminación establecidas por el DHS. En cumplimiento del fallo judicial, el DHS puso fin a las protecciones temporales para los afganos el 21 de julio, en lugar del 14 de julio. La designación para los cameruneses finalizó el 4 de agosto, como estaba prevista.  

Todos los fallos se produjeron después de que la administración Trump obtuviera una victoria clave en la Corte Suprema en mayo. En una orden sin firmar, los jueces permitieron a la administración Trump finalizar el programa para venezolanos, mientras el tribunal inferior decidía sobre el fondo del caso. Sin embargo, tras considerar el fondo del caso de la administración, el juez del Tribunal de Distrito de EE. UU., Edward Chen, concedió el 5 de septiembre la solicitud de los demandantes de un juicio sumario, lo que significa que las protecciones para haitianos y venezolanos se mantendrán vigentes.

En su fallo del 5 de septiembre, Chen escribió que las acciones de la Secretaria del DHS, Kristi Noem, “al anular las órdenes de la administración anterior y terminar el TPS excedieron la autoridad estatutaria de la Secretaria y fueron arbitrarias y caprichosas, y por lo tanto deben dejarse de lado bajo la Ley de Procedimiento Administrativo”, que supervisa el proceso de desarrollo y emisión de regulaciones.

El DHS no ha tomado medidas para cancelar las designaciones de TPS, cuya duración puede variar entre seis y 18 meses, para otros 10 países. Esta es la lista de esos países y sus fechas de vencimiento: Ucrania y Sudán (19 de octubre de 2026), El Salvador (9 de septiembre de 2026), Líbano (27 de mayo de 2026), Somalia (17 de marzo de 2026), Yemen (3 de marzo de 2026), Etiopía (12 de diciembre), Sudán del Sur (3 de noviembre), Myanmar (25 de noviembre) y Siria (30 de septiembre).

El Proyecto 2025 exigía “una reducción indefinida del número de admisiones de refugiados del USRAP”, en referencia al Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos. El documento atribuía la necesidad de una “reducción” a la gestión de la administración Biden en la frontera sur. 

“La Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado, que administra el USRAP, debe reorientar sus recursos hacia los desafíos derivados de la actual situación migratoria hasta que se pueda contener la crisis y se pueda restablecer razonablemente la capacidad de evaluación e investigación de los refugiados”, señala el documento.

Trump, quien redujo drásticamente las admisiones de refugiados durante su primer mandato, fue más allá de simplemente recortar el programa. 

En su primer día en el cargo, Trump firmó una orden ejecutiva que exige una “realineación” del programa de refugiados, incluyendo una suspensión indefinida de la admisión de refugiados hasta que el programa “se alinee con los intereses de Estados Unidos”. El programa aún no se ha reanudado, aunque Trump hizo una excepción para los refugiados de la minoría étnica blanca afrikáner de Sudáfrica.

Tres organizaciones sin fines de lucro involucradas en la admisión de refugiados en Estados Unidos —el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (en nombre de Church World Service), HIAS y Lutheran Community Services Northwest— presentaron una solicitud de orden judicial preliminar el 10 de febrero para evitar que la prohibición entre en vigor mientras el caso avanza. 

El expediente judicial indicó que el impacto de la prohibición fue “inmediato y severo”. En su sitio web, Church World Service indicó que más de 12.000 refugiados “completaron los controles de seguridad” y sus vuelos a Estados Unidos fueron cancelados debido a la prohibición. Por ejemplo, “Pacito”, el demandante principal, “tenía previsto viajar el 22 de enero con su esposa y su bebé, y había vendido todas las pertenencias de la familia y cedido la casa que arrendaba en preparación; luego se enteró de que su viaje había sido cancelado”, según la demanda, que utiliza seudónimos para proteger la identidad de todos los demandantes. 

Después de meses de fallos judiciales y apelaciones, un tribunal de apelaciones dictaminó (en una opinión aclaratoria emitida el 21 de abril) que los refugiados que tenían una “solicitud de refugio aprobada” y “tenían planes de viaje organizados y confirmables” en o antes de la orden ejecutiva de Trump del 20 de enero podían ingresar al país. 

Aproximadamente 70 de los 160 refugiados afectados por el fallo han sido reasentados en Estados Unidos, según nos informó el portavoz de IRAP, Spencer Tilger, en un correo electrónico del 8 de agosto. Esto incluye a “Pacito“, el demandante principal, quien llegó en julio. Al preguntarle si alguno de los otros 110 refugiados había sido reasentado, Tilger nos respondió en un correo electrónico del 18 de septiembre que “lamentablemente no ha habido cambios en las cifras desde nuestra última conversación”.

Como escribimos durante las elecciones, el Proyecto 2025 recomendó “la revocación del Acuerdo de Transacción Flores”, también conocido como acuerdo Flores. Este acuerdo, aprobado por el tribunal en 1997, sirve como política nacional para la detención, liberación y tratamiento de menores bajo custodia migratoria, como se explicó el año pasado en un informe del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, en inglés). 

“Los menores detenidos deben permanecer en instalaciones seguras e higiénicas y no pueden ser alojados con adultos no familiares durante más de 24 horas”, indica el informe del CRS. “Según la Ley de Seguridad Familiar, en un plazo de tres a cinco días tras la aprehensión y detención de un menor, el gobierno generalmente debe (1) entregarlo a uno de sus padres, tutor legal, familiar adulto u otro adulto o entidad designados ‘capaces y dispuestos’, o (2) internarlo en una instalación sin seguridad ‘autorizada por una agencia estatal competente para brindar servicios de acogida residencial, grupal o de acogida para menores dependientes’”.

En mayo, el Departamento de Justicia presentó una moción ante la jueza federal de distrito Dolly Gee para rescindir el acuerdo Flores, argumentando que la “gestión judicial continua” interfiere con la capacidad de la administración Trump para cumplir con sus funciones. En agosto, Gee celebró una audiencia sobre la moción del Departamento de Justicia y, una semana después, dictaminó que el acuerdo debía mantenerse vigente.

“No hay nada nuevo bajo el sol en cuanto a los hechos ni a la ley”, escribió Gee. “Por lo tanto, el Tribunal podría denegar la moción de los demandados basándose únicamente en eso”.

Durante su primer mandato, Trump intentó sin éxito modificar el acuerdo, y en 2019 finalizó una norma que, según dijeron algunos defensores de la inmigración, como el Consejo Americano de Inmigración, “habría permitido al gobierno retener a niños inmigrantes y a sus padres indefinidamente en entornos similares a cárceles”. Sin embargo, Gee, quien supervisa el acuerdo Flores, impidió que la norma entrara en vigor, calificándolo de “contrato vinculante y decreto de consentimiento” que los funcionarios federales no pueden modificar unilateralmente “simplemente porque ya no están de acuerdo con su enfoque como política”.

El Proyecto 2025 recomendó que ICE, en colaboración con el Departamento de Estado, “elimine o reduzca significativamente el número de visas emitidas a estudiantes extranjeros de naciones enemigas”.

La administración Trump parece haberlo logrado, y no siempre solo para estudiantes de “naciones enemigas”.

Aunque las acciones de la administración dirigidas a los estudiantes extranjeros a veces han sido rechazadas por los tribunales o rescindidas o modificadas por la propia administración, las demoras e incertidumbres causadas por la administración podrían significar una disminución del 30 % al 40 % en la matrícula de estudiantes extranjeros en todo el país este otoño, según el modelo de NAFSA: Asociación de Educadores Internacionales.

En un informe del 29 de julio, NAFSA atribuyó la disminución proyectada en la emisión de nuevas visas a cuatro cosas, incluida una demora en las entrevistas para visas de estudiantes y la prohibición total o parcial en la emisión de visas para estudiantes de 19 países. 

La pausa en las entrevistas para visas de estudiante duró del 27 de mayo al 18 de junio, lo que la NAFSA denominó “la temporada alta de emisión para estudiantes que buscan matricularse en una institución estadounidense este otoño”. La pausa se levantó el 18 de junio, pero solo después de que el Departamento de Estado emitiera una nueva política que “ordenaba a los consulados estadounidenses implementar nuevos protocolos de verificación de redes sociales”.

La prohibición de visas, que Trump emitió el 4 de junio, cubre a los estudiantes de los 19 países: los 12 países que están cubiertos por la prohibición total (Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen) y los siete que están cubiertos por la prohibición parcial (Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela).

La NAFSA indicó que las visas F-1, destinadas a estudiantes académicos, disminuyeron un 12 % entre enero y abril y un 22 % si se compara mayo de 2025 con mayo de 2024, según datos del Departamento de Estado. El Departamento de Estado no ha publicado los datos mensuales de junio, julio ni agosto.

Pero los no ciudadanos deben completar un formulario I-94 para ingresar a EE. UU., y los datos mensuales de la Administración de Comercio Internacional de EE. UU. muestran que la llegada de titulares de visas F y M (para estudiantes académicos y vocacionales y sus dependientes) disminuyó 25,7 % en junio, 28,3 % en julio y 19,1 % en agosto, respecto del año pasado.

Aunque el Proyecto 2025 se refiere a China como una “influencia maligna”, una “amenaza geopolítica” y un adversario, los estudiantes chinos, por ahora, parecen ser bienvenidos en Estados Unidos. 

El secretario de Estado, Marco Rubio, emitió un comunicado el 28 de mayo diciendo: “Bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Estado de EE. UU. trabajará con el Departamento de Seguridad Nacional para revocar agresivamente las visas para estudiantes chinos, incluidos aquellos con conexiones con el Partido Comunista Chino o que estudian en campos críticos”. Pero dos semanas después, Trump cambió de postura. 

En una publicación en redes sociales del 11 de junio anunciando un acuerdo comercial tentativo con China, Trump dijo: “LE PROPORCIONAREMOS A CHINA LO QUE SE ACORDÓ, INCLUYENDO ESTUDIANTES CHINOS QUE UTILIZARÁN NUESTROS COLEGIOS Y UNIVERSIDADES (¡LO QUE SIEMPRE ME PARECE BIEN!)”.

Pero, bajo la administración de Trump, ningún estudiante extranjero es bienvenido en la Universidad de Harvard.

El 22 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional revocó la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio de Harvard. Fallos judiciales bloquearon primero temporalmente (23 de mayo) y luego indefinidamente (20 de junio) la entrada en vigencia de la orden de revocación de visas. 

Entre esos fallos, Trump emitió una proclamación el 4 de junio que suspendió las visas para “cualquier nuevo estudiante de Harvard como no inmigrante bajo visas F, M o J” y ordenó a Rubio “considerar revocar las visas F, M o J existentes para los estudiantes actuales de Harvard”. La proclamación de Trump también fue bloqueada por la orden judicial del 20 de junio, pero la orden “no afecta la revisión administrativa en curso del DHS del programa de estudiantes internacionales F-1 de Harvard”, dijo la universidad.  

En respuesta a la proclamación de Trump, Rubio anunció el 23 de julio una nueva investigación “sobre la elegibilidad continua de la Universidad de Harvard como patrocinador del Programa de Visitantes de Intercambio”, en referencia al programa de visitantes internacionales de intercambio J-1 de Harvard. “La investigación garantizará que los programas del Departamento de Estado no sean contrarios a los intereses de nuestra nación”, declaró Rubio. 

Por ahora, Harvard continúa matriculando a estudiantes extranjeros, aunque no está claro el impacto que las políticas de la administración Trump han tenido en la matrícula de la universidad para este año académico. La universidad no ha publicado cifras de matrícula ni ha respondido a nuestra solicitud de información.