Durante las seis semanas del cierre de gobierno, que podría terminar pronto, el presidente Donald Trump ha afirmado repetidamente, de forma falsa, que los demócratas “quieren 1,5 billones de dólares para el cuidado médico de inmigrantes ilegales”.
Los 1,5 billones de dólares son el costo total estimado por 10 años del proyecto de ley de gastos que los demócratas presentaron al comienzo del cierre. Como hemos escrito antes, los demócratas han buscado una extensión de los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y la derogación de algunas medidas de atención médica relacionadas con Medicaid en la ley “One Big Beautiful Bill” (OBBBA, por sus siglas en inglés), entre otros fondos
Los demócratas también quieren restaurar la atención médica para los inmigrantes “legalmente presentes” afectados por la OBBBA.
Los legisladores están cerca de llegar a un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno, con el Senado aprobando una votación de procedimiento el 9 de noviembre. El cierre comenzó el 1 de octubre.
Trump ha hecho la afirmación sobre los 1,5 billones de dólares muchas veces. Por ejemplo, en una entrevista del 19 de octubre con Maria Bartiromo de Fox News, Trump dijo: “Quieren 1,5 billones de dólares para el cuidado médico de los inmigrantes ilegales que vienen a nuestro país”. En su entrevista del 2 de noviembre con “60 Minutes”, el presidente dijo que el dinero iría a “prisioneros y narcotraficantes” y a personas “que vinieron a nuestro país desde instituciones mentales”. El 7 de noviembre, volvió a decir: “No vamos a dar 1,5 billones de dólares a personas que vinieron a nuestro país ilegalmente”.
Esa afirmación es “totalmente falsa”, nos dijo Leonardo Cuello, profesor de investigación del Centro para Niños y Familias de la Escuela de Políticas Públicas McCourt de la Universidad de Georgetown, en una entrevista telefónica.
“La legislación que los demócratas defienden como requisito para reabrir el gobierno costaría alrededor de 1,5 billones de dólares en 10 años, pero la gran mayoría de eso no es por la inmigración, menos por los ‘inmigrantes ilegales’”, nos dijo Kent Smetters, director académico del Modelo Presupuestario de Penn Wharton, en un correo electrónico
“De hecho”, dijo, “el gasto actual en trabajadores indocumentados cada año es inferior a 5 mil millones de dólares, principalmente debido a únicamente a atención de emergencia que no se reembolsa y, por lo tanto, la absorbe Medicaid. Estos servicios cubren el trabajo de parto y el parto, traumatismos y otras afecciones urgentes”.
Según la ley federal, los hospitales están obligados a proporcionar atención médica de emergencia a las personas, independientemente de su estatus migratorio
Antes de que Trump comenzara a hacer la afirmación falsa, a mediados de octubre, de que los demócratas querían gastar 1,5 billones de dólares en atención médica para “inmigrantes ilegales”, la Casa Blanca había publicado un memorándum que afirmaba que la propuesta de los demócratas “resultaría en casi 200 mil millones de dólares gastados en atención médica para inmigrantes ilegales y otros no ciudadanos durante la próxima década”.
Eso es engañoso, pero la referencia a “no ciudadanos” es defendible.
Esa afirmación se basa principalmente en la propuesta demócrata de derogar partes de la OBBBA, recientemente rebautizada por la administración Trump como la Ley de Reducción de Impuestos para Familias Trabajadoras. Algunas de esas disposiciones se refieren a inmigrantes que están “legalmente presentes”. El término se refiere a no ciudadanos con un estatus migratorio “calificado” que los hace elegibles para Medicaid o el Programa de Seguro Médico para Niños, como explica la organización de políticas de salud KFF. Esto incluye a residentes permanentes legales, refugiados, personas en parole o permiso temporal y personas a las que se les ha concedido asilo, entre otros
Julia Gelatt, directora asociada de política migratoria estadounidense en el Instituto de Política Migratoria, un centro no partidista, nos dijo para un artículo anterior que el término “presencia legal”, “no es una categoría completamente definida en la ley de inmigración” y es “una categorización políticamente controvertida”.
La OBBBA cambió los criterios para la inscripción en Medicaid para excluir a quienes se les concede asilo y permiso temporal.
Pero esas disposiciones no afectan el acceso de las personas que se encuentran ilegalmente en el país, nos dijo Cuello. Los inmigrantes que viven ilegalmente en el país tienen prohibido por ley recibir cobertura integral financiada con fondos federales.
Ya sea que se deroguen o no los cambios en la atención médica de la OBBBA, “no supone ningún cambio en la cobertura de los inmigrantes indocumentados”, dijo Cuello
La OBBBA también limitó los fondos federales de contrapartida utilizados para reembolsar a los hospitales que brindan atención de emergencia a los inmigrantes. Los demócratas propusieron derogarla. Esta disposición “al menos está relacionada con los inmigrantes indocumentados, pero en realidad no afecta la cobertura”, explicó Cuello en un blog el 2 de octubre. “Los hospitales aún deben brindar la atención médica y los estados aún deben pagarles por ella; solo que el gobierno federal pagará una parte menor del costo”.
Cuando le pedimos a la Casa Blanca evidencia para respaldar la afirmación del presidente, la portavoz Abigail Jackson primero envió enlaces al memorándum que contabilizaba cerca de 200 mil millones de dólares (193 mil millones) para “atención médica para inmigrantes ilegales y otros no ciudadanos”.
Cuando se le preguntó sobre la afirmación del presidente de 1,5 billones de dólares, Jackson dijo: “El presidente Trump tiene razón: en lugar de apoyar la CR [resolución continua] bipartidista que apoyaron 13 veces durante la administración Biden, los demócratas propusieron una CR [resolución continua] de 1,5 billones de dólares para proporcionar atención médica gratuita a los inmigrantes indocumentados. Esta maniobra absurdamente partidista es la razón por la que los estadounidenses ahora no están recibiendo sus cheques de pago ni beneficios. Los demócratas deberían reabrir el gobierno de inmediato”.
Pero, como dijimos, los 1,5 billones de dólares son el total de 10 años de todo el proyecto de ley de financiación.
“El valor original [de la Casa Blanca] de 193 mil millones de dólares es ciertamente razonable, si se aplica a la inmigración legal”, dijo Smetters. La cifra de “1,5 billones de dólares, es incorrecta, aplicada a cualquier tipo de inmigración, legal o no”.
Traducción de Google Translate editada por Catalina Jaramillo.
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