Uno de los puntos de fricción en el impasse entre demócratas y republicanos sobre la financiación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha sido la amplia utilización por parte de la administración Trump de órdenes administrativas para ingresar a domicilios por la fuerza y realizar detenciones migratorias. Los demócratas argumentan que la nueva política del DHS contraviene la Constitución y han exigido que los agentes de inmigración obtengan órdenes judiciales, un requisito legal más estricto que exige la aprobación de un juez, para ingresar a un domicilio por la fuerza.
El desacuerdo sobre las órdenes judiciales y administrativas para ICE
