Desde que el presidente Donald Trump anunció la toma temporal del control de las fuerzas de orden en Washington D. C. por parte del gobierno federal, Trump ha criticado reiteradamente las leyes estatales que limitan el uso de fianzas monetarias. Sin embargo, sus argumentos se han desviado de lo cierto en tres aspectos clave:
- Trump afirmó que “en cada lugar del país donde existe la fianza sin efectivo es un desastre”. Pero el balance de datos sobre delincuencia no respalda la idea de que el crimen haya empeorado como resultado de las llamadas “fianzas sin efectivo”, o que no requieren pago (“cashless bail”, en inglés).
- El presidente afirmó engañosamente que, bajo las políticas de fianza sin efectivo, “si alguien asesina a alguien, queda en libertad sin fianza antes de que acabe el día”. Algunos estados que exigen una fianza sin efectivo tienen exenciones para delitos violentos y asesinato. Y en los estados donde es posible que un sospechoso de asesinato quede en libertad sin fianza mientras espera por un juicio, a discreción del juez, es muy raro que ocurra.
- “Vamos a acabar con eso en Chicago” mediante una ley federal, dijo Trump. Sin embargo, no está claro si el Congreso de Estados Unidos puede aprobar una ley que anule directamente las leyes estatales sobre fianzas.
Numerosos estados y ciudades han aprobado leyes que limitan el uso de las fianzas monetarias, cada uno con sus diferencias. Algunos estados con políticas de fianza sin pago aún permiten las fianzas monetarias para delitos violentos y asesinato, como Nueva York. La mayoría incluye algún tipo de evaluación de riesgo para determinar si una persona puede permanecer en prisión mientras espera por un juicio.
La iniciativa de algunos estados por adoptar fianzas que no requieren pago ha sido impulsada por quienes argumentan que la fianza monetaria castiga injustamente a quienes no pueden pagarla, dejándolos en prisión a la espera de juicio. Los opositores han criticado las leyes como una política blanda contra la delincuencia que termina agravándola.
Trump, quien desde hace tiempo se ha opuesto a la fianza sin efectivo, planteó el tema en su conferencia de prensa del 11 de agosto, en la que anunció la toma temporal del control de las fuerzas de orden en Washington D. C. por parte del gobierno federal, que incluye la entrada de la Guardia Nacional y otras fuerzas del orden federales a la capital del país.
“El Ayuntamiento de Washington, de izquierda radical, adoptó la ley de fianza sin efectivo”, dijo Trump. “Por cierto, en cada lugar del país donde existe la fianza sin efectivo es un desastre. Eso fue lo que originó el problema en Nueva York, y no lo cambian. (…) Eso fue lo que lo originó en Chicago. Es decir, malos políticos, malos líderes. Pero eso fue lo fundamental: no pagar la fianza”.
“Alguien asesina a alguien y queda libre sin fianza antes de que acabe el día”, afirmó Trump.
Trump luego prometió que revocaría estas leyes de fianza locales y estatales mediante una legislación federal.
“Vamos a acabar con eso en Chicago”, dijo Trump. “Pero vamos a cambiar la ley que prohíbe la fianza en efectivo. Vamos a cambiar el estatuto y eliminar algunas otras cosas, y contaremos con el voto de los republicanos en el Congreso y el Senado. Tenemos la mayoría, así que votaremos”.
Estadísticas de delincuencia tras los cambios en las fianzas
Aunque Trump afirmó que “en cada lugar del país donde existe la fianza sin efectivo es un desastre”, las estadísticas de delincuencia en general no respaldan esa afirmación.
Trump mencionó específicamente las políticas de Nueva York y Chicago como las que “iniciaron el problema [del crimen]” en esas áreas.
La Ley de Seguridad, Responsabilidad, Equidad e Igualdad de Illinois (Safety, Accountability, Fairness and Equality-Today Act, en inglés) más conocida como Ley SAFE-T, se promulgó en 2021. Una parte de la ley, conocida como Ley de Equidad Antes del Juicio (Pretrial Fairness Act, en inglés, o PFA) eliminó la fianza monetaria para todos los delitos y entró en vigor en septiembre de 2023. Sin embargo, la ley aún permitía a los jueces detener a una persona que se considerara con riesgo de fuga o que representara una amenaza para “cualquier otra persona o la comunidad”. Un juez también podía detener a alguien debido a la naturaleza del delito.
En general, la delincuencia acumulada entre enero y agosto de 2025 disminuyó un 15 % en comparación con el mismo período de 2023, antes de la entrada en vigor de la ley, según datos del Departamento de Policía de Chicago. Los homicidios disminuyeron un 37 %; los robos, un 36 %; las lesiones con agravantes, un 5 %, y los allanamientos, un 18 %.
En septiembre de 2024, el Centro de Justicia Penal de la Universidad Loyola de Chicago publicó un informe que comparaba el primer semestre de 2023 con el primer semestre de 2024 (tras la entrada en vigor de la nueva ley). El informe reveló que los delitos violentos disminuyeron un 7 % y los delitos contra la propiedad un 14 %.
“Esto no responde a la pregunta sobre el impacto, si lo hubiera, de la PFA [Ley de Equidad Antes del Juicio] en la delincuencia y la seguridad pública”, afirma el informe. “Es posible, por ejemplo, que la delincuencia hubiera disminuido aún más sin la PFA. Pero sí confirma la opinión unánime de los profesionales de Illinois que entrevistamos, que (como ellos lo expresaron) ‘no se cayó el cielo’ cuando la PFA entró en vigor”.
En cuanto a Nueva York, sus leyes de fianzas se han revisado varias veces desde 2019 cuando la Legislatura estatal promulgó una ley que eliminó el uso de fianzas monetarias y la prisión preventiva para la mayoría de los delitos menores y graves. Cuando la delincuencia comenzó a aumentar en 2020 durante la pandemia (al igual que ocurrió en todo el país, independientemente de las políticas de fianzas), los legisladores realizaron varias revisiones a la ley, permitiendo a los jueces la discreción de fijar fianzas monetarias, incluso en algunos casos de delitos menores. Sin embargo, según el Centro Brennan para la Justicia, “no hay evidencia que muestre una conexión entre la reforma de las fianzas y el aumento de la delincuencia”.
Un estudio publicado por el John Jay College of Criminal Justice en octubre de 2023 examinó el efecto de la eliminación de la fianza en la ciudad de Nueva York y concluyó: “La eliminación de la opción de fijar la fianza bajo la reforma no se asoció con un cambio en las tasas generales de reincidencia, reincidencia por delitos graves o reincidencia por delitos violentos en los dos años previos ni durante el período previo al juicio”. El estudio sí encontró un aumento “estadísticamente significativo” en la reincidencia por delitos violentos en el período previo al juicio entre personas de “‘alto riesgo’ con un caso separado pendiente al momento de la lectura de cargos”. Según los autores, sus hallazgos “coincidieron ampliamente” con dos estudios anteriores que “no encontraron ningún impacto de la reforma de las fianzas en las tasas de delincuencia en la ciudad de Nueva York ni en todo el estado”.
Según datos de la Agencia de Justicia Penal de la Ciudad de Nueva York, entre enero y mayo de este año, aproximadamente el 5 % de las personas en libertad condicional fueron arrestadas nuevamente. La mayoría de estos arrestos fueron por delitos menores, pero cerca del 1 % de quienes estaban en espera de un juicio fueron vueltos a arrestar por delitos graves no violentos y menos del 1 % por delitos graves violentos.
Un informe de 2022 de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos incluyó un análisis de las tendencias delictivas en Washington D. C., entre 2015 y 2019 y concluyó que el sistema de la ciudad, según lo establecido por la Ley de Reforma de Fianzas de D.C. de 1992, “ha tenido éxito en la liberación de acusados antes del juicio sin sacrificar la seguridad pública y manteniendo altas tasas de comparecencia ante el tribunal”
“A lo largo de cada uno de estos años, entre el 88 % y el 91 % de las personas liberadas antes del juicio comparecieron ante el tribunal”, afirma el informe. “Además, entre el 86 % y el 89 % de las personas liberadas antes del juicio no volvieron a ser arrestadas durante este período, y entre el 98 % y el 99 % de los acusados liberados antes del juicio no volvieron a ser arrestados durante el período previo al juicio por un delito violento”.
La investigación de Jaquelyn L. Jahn, de la Universidad de Drexel, y Jessica T. Simes y Jonathan Jay, de la Universidad de Boston, publicada por el Journal of the American Medical Association en 2024, se centró en las leyes de fianza en Nueva Jersey y concluyó que la violencia con armas de fuego no aumentó ni cambió significativamente, a pesar de las disminuciones sustanciales en el encarcelamiento bajo las nuevas políticas, e incluso cuando las tasas nacionales de violencia con armas de fuego aumentaron durante los años de su estudio.
Esto también aplica a otros lugares que han abandonado las fianzas en efectivo. El Centro Brennan para la Justicia evaluó las tendencias delictivas en 22 ciudades del país que implementaron algún tipo de política de fianzas para reducir las fianzas monetarias y las comparó con ciudades que no lo hicieron. El informe de 2024 “no encontró una relación estadísticamente significativa entre la reforma de las fianzas y las tasas de delincuencia. En otras palabras, no hay motivos para creer que la reforma de las fianzas haya provocado un aumento de la delincuencia”.
“Estos hallazgos se suman a la creciente literatura que muestra que la reforma de las fianzas es una explicación improbable de las tendencias recientes en la delincuencia, ya sea en aumento o en disminución”, declaró el informe de Brennan. “Y sugieren que el enfoque reciente de los legisladores en debilitar las reformas de las fianzas como respuesta a la delincuencia ha sido erróneo y ha distraído la atención de maneras más inteligentes y prometedoras de mejorar la seguridad pública”. Entre esas alternativas, según el informe, se encuentra ampliar el acceso a programas de tratamiento de salud mental y abuso de sustancias.
El argumento de la administración Trump
Un funcionario de la Casa Blanca, que reiteró la afirmación de Trump de que “la fianza sin efectivo es una política desastrosa que hace que las ciudades de todo el país sean significativamente más peligrosas”, citó una investigación del condado de Yolo, California. En la investigación realizada en 2022, el fiscal de distrito lideró un análisis del efecto local de una política de estado de emergencia durante la pandemia adoptada en abril de 2020, que fijó la fianza en “$0” para la mayoría de los delitos menores y los delitos graves no violentos, con algunas excepciones.
Según el análisis, el 70 % de las personas liberadas bajo las directrices de emergencia fueron arrestadas nuevamente y aproximadamente la mitad de ellas fueron arrestadas más de una vez. Los cargos por reincidencia incluyeron uno por homicidio, cinco por intento de homicidio, 32 por robo y 46 por agresión con arma mortal.
El año siguiente, el fiscal de distrito publicó un estudio de seguimiento que comparó una muestra aleatoria de personas liberadas como parte de la política de emergencia pandémica con una muestra de personas liberadas bajo fianza antes de la pandemia, y concluyó que aquellos liberados como parte de la política pandémica tenían muchas más probabilidades de haber sido arrestados nuevamente.
Cabe destacar, sin embargo, que la política de fianza cero de California difería de la mayoría de las políticas de fianza modificadas en otros estados en que no incluía evaluaciones de riesgo obligatorias antes de la liberación. Su objetivo era simplemente intentar frenar la propagación del COVID-19 en cárceles y en tribunales, reduciendo el número de acusados en espera de juicio en prisión.
“El objetivo de este estudio no es debatir las ventajas de algún tipo de reforma de la fianza. Se trata de analizar el problema de la libertad bajo fianza cero, donde las personas son liberadas automáticamente”, declaró a CBS News Jeff Reisig, el fiscal de distrito del condado de Yolo que inició el estudio, en enero.
La política de emergencia resultó en la liberación de sospechosos por parte de los carceleros, sin que los jueces consideraran aspectos como los antecedentes penales o la reincidencia, afirmó Reisig. Reisig declaró a CBS News que el estudio sugiere que los jueces deberían decidir quiénes quedan en libertad sin fianza.
“Estoy convencido, basándome en los datos, de que los jueces habrían puesto a la gente en libertad bajo fianza”, dijo Reisig.
“De hecho, yo apoyo una reforma de fianzas inteligente”, dijo Reisig. “Cien por ciento. Una fianza de cero dólares no es una reforma de fianzas inteligente y ha resultado en la muerte de personas. Eso es lo que muestran los datos. Ahora, tengamos un debate sólido sobre qué podemos hacer, si es que podemos hacer algo, para mejorar el sistema de fianzas”.
Mientras tanto, el Instituto de Políticas Públicas de California realizó un análisis del efecto a nivel estatal de la política de fianza de emergencia de cero dólares y descubrió que “durante los primeros meses disruptivos de la pandemia del COVID, la implementación de órdenes de fianza de emergencia causó aumentos notables tanto en la probabilidad como en el número de nuevos arrestos dentro de 30 días”.
Si bien la mayoría de los nuevos arrestos fueron por delitos graves, no hubo evidencia de un aumento en los delitos violentos, afirmó el informe.
“Los delincuentes de crímenes menores liberados sin fianza no tuvieron mayor probabilidad de ser arrestados nuevamente por delitos violentos después de la implementación”, señala el informe. “Aproximadamente cuatro meses después de la implementación, al pasar el período más volátil de la pandemia, el efecto general en los arrestos repetidos comenzó a disminuir, al menos en los 27 condados que mantuvieron las órdenes de emergencia durante 2020. Después de un año, el efecto promedio de la implementación dejó de ser estadísticamente significativo”.
Además, el estudio encontró que, con el tiempo, a medida que los condados revocaban las órdenes de fianza de emergencia (lo que tuvo lugar entre junio de 2020 y julio de 2023), “no afectó los nuevos arrestos, independientemente del tipo de delito”
“La naturaleza disruptiva de la pandemia probablemente fue un factor clave en el aumento temporal de arrestos reiterados cuando se emitieron las órdenes de fianza de emergencia”, escribieron los autores del informe. “Cabe destacar que el aumento de arrestos reiterados por delitos graves no disminuyó con el tiempo ni cuando se revocaron las órdenes de fianza de emergencia”, según dice el informe.
Los asesinos no fueron liberados de inmediato
En su conferencia de prensa del 11 de agosto, Trump afirmó que, según estas políticas, “si alguien asesina a alguien, queda en libertad sin fianza antes de que acabe el día”. El 13 de agosto, Trump volvió a criticar duramente la “fianza sin efectivo”, calificándola de “absurda”, y afirmó: “Queremos que, si asesinan a alguien, las personas estén en la cárcel y no salgan sin fianza”.
Las leyes difieren, pero algunos estados recomiendan no liberar a quienes están acusados de delitos violentos y asesinatos. Ese es el caso, por ejemplo, de Nueva Jersey y Nueva York.
Pero incluso en los estados que no estipulan tales restricciones, los jueces aún tienen la discreción de negar la liberación a los acusados que se consideran un riesgo, incluidos aquellos acusados de asesinato.
“En Illinois, cada caso queda a discreción del juez si liberar o no al acusado”, nos informó por correo electrónico David Stovall, profesor del Departamento de Criminología, Derecho y Justicia de la Universidad de Illinois en Chicago. “Actualmente, ningún acusado de asesinato (ni de homicidio capital) ha sido liberado al público. Es una idea errónea que, por desgracia, está muy extendida”.
Pero hubo un caso. Como señaló la Casa Blanca, en 2024 un juez de Rockford, Illinois, liberó a un hombre acusado de asesinato en primer grado en espera de un juicio.
“He considerado los argumentos de los abogados, las pruebas presentadas, los ofrecimientos de evidencia, el informe de notificación previa al juicio, las evaluaciones de riesgo y los antecedentes penales del acusado. Tengo muchas preocupaciones al respecto”, declaró entonces la jueza del condado de Winnebago, Debra Schafer. “Se trata de un vínculo circunstancial. No hay acusaciones de que [el acusado] haya hecho declaraciones al respecto. Hay algunas declaraciones veladas de un coacusado que lo señalan con el dedo”.
La jueza declaró que, si bien existía causa probable para avanzar con el caso, “no encuentro en este momento pruebas claras y convincentes” para detenerlo sin fianza, “y, en consecuencia, debo liberarlo. Esto se debe a este delito y a lo que se me impone [con la nueva ley de fianzas]”. Sin embargo, la jueza añadió que el acusado “tendría que cumplir con requisitos bastante estrictos”.
No pudimos encontrar otros ejemplos de acusados que enfrentaban cargos de asesinato y que fueran liberados sin fianza en ninguno de los pocos estados que han promulgado alguna forma de fianza sin efectivo.
“Las personas acusadas de asesinato ciertamente pueden ser puestas en libertad en espera de juicio”, nos dijo Adam Gelb, presidente y director ejecutivo del Consejo de Justicia Penal, por correo electrónico. “Si bien puede ser poco común, es legalmente posible, ya que la libertad previa al juicio se basa en el riesgo para la seguridad pública y el riesgo de fuga o incomparecencia. Esa evaluación la realiza el juez o magistrado, y ninguna reforma de la fianza, que sepamos, ha ordenado liberar a las personas acusadas de asesinato”.
La Casa Blanca mencionó a dos asesinos convictos que fueron liberados sin fianza en Nueva York tras ser arrestados por tráfico de drogas. Sin embargo, ambos casos involucraban a hombres que habían sido previamente condenados por asesinato y cumplieron largas condenas de prisión. Ambos fueron arrestados por cargos de drogas tras ser liberados de prisión. Independientemente de si fue apropiado o prudente liberar a cualquiera de estos hombres sin fianza, ninguno de los casos involucraba a una persona acusada de asesinato que fuera liberada sin fianza, el escenario descrito por Trump.
Trump ha criticado durante mucho tiempo la “fianza sin efectivo”, a menudo afirmando erróneamente que significa que los asesinos acusados quedan inmediatamente en libertad a la espera del juicio.
En 2024, Trump afirmó que su oponente, la entonces vicepresidenta Kamala Harris, “apoya la abolición de la fianza en efectivo, lo que significa que los criminales sedientos de sangre que acaban de matar a alguien pueden salir inmediatamente de la custodia, salir y matar a otra persona, lo que, por cierto, suelen hacer”.
Como escribimos en su momento, no es así como funciona.
“Depende de con qué se sustituya la fianza en efectivo”, nos dijo Kellen Funk, historiadora jurídica y profesora de derecho en la Facultad de Derecho de Columbia, en un correo electrónico para ese artículo. “Ningún comentarista ni político serio ha propuesto eliminar la fianza en efectivo y sustituirla únicamente por la liberación automática”.
Funk dijo que las propuestas a menudo “reemplazan la fianza en efectivo con discreción judicial”, lo que da a los jueces la opción de detener a los acusados hasta el juicio, liberarlos con “condiciones no financieras” como pruebas de drogas y límites de horario, o liberarlos sin condiciones excepto el requisito de comparecer ante el tribunal.
En el caso de “homicidio grave”, dijo, “la ley puede recomendar la detención o establecer una presunción a favor de ella, y en la mayoría de los casos en la práctica los jueces se inclinan a ordenar la detención cuando los cargos involucran delitos violentos”.
Cambiando las leyes
En declaraciones del 13 de agosto, Trump dijo que comenzaría por intentar cambiar las leyes de fianza en Washington D. C., “y luego, básicamente, en el resto del país”
Después de que el presidente hizo su anuncio sobre la toma temporal de control de las fuerzas del orden en Washington D. C., el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, dijo que su comité está “impulsando soluciones legislativas para proteger a los estadounidenses en su ciudad capital” y planeaba celebrar audiencias con funcionarios locales en septiembre.
En su conferencia de prensa del 11 de agosto, Trump dijo: “Vamos a acabar con eso en Chicago”, refiriéndose a la ley estatal que prohíbe las fianzas monetarias. Añadió que “contaremos con el voto de los republicanos en el Congreso y el Senado. Tenemos la mayoría, así que votaremos”.
Inmediatamente después de que Trump hiciera sus comentarios, la representante republicana Elise Stefanik prometió liderar “la legislación para poner fin a la fallida reforma de la fianza de [la gobernadora de Nueva York] Kathy Hochul y Nueva York de una vez por todas para salvar a Nueva York y salvar a Estados Unidos”
Pero aunque el Congreso de Estados Unidos tiene la autoridad de revocar o modificar las leyes aprobadas por el gobierno de Washington D. C., eso es menos claro cuando se trata de una ley federal que anule leyes de fianza estatales.
El llamado de Trump al Congreso para que prohíba las políticas de fianza sin efectivo en todo el país “traspasa los límites constitucionales”, escribió Lisel Petis, directora de políticas de justicia penal y libertades civiles del grupo de expertos R Street Institute, en un comentario después de la conferencia de prensa de Trump del 11 de agosto.
“La Constitución es bastante clara al respecto”, escribió Petis. “La Décima Enmienda establece que cualquier poder no otorgado al gobierno federal pertenece a los estados o al pueblo. Esto incluye la facultad de decidir cómo gestionar las fianzas. El Congreso no tiene autoridad general para dictar cómo los estados establecen sus leyes sobre fianzas. La política de fianzas se enmarca en las facultades policiales de un estado: la autoridad para establecer leyes y procedimientos que protejan la seguridad pública y mantengan el orden. Estas son funciones esenciales de la soberanía estatal”.
Sin embargo, el Congreso podría optar por una estrategia de incentivos para desincentivar las políticas de fianzas que no requieren pago, vinculándolas a la elegibilidad de cada estado para recibir subvenciones federales. Eso fue lo que intentaron algunos demócratas en 2021 cuando propusieron un proyecto de ley que habría declarado “inelegible para fondos del Programa de Subvenciones de Asistencia Judicial en Memoria de Edward Byrne” a los estados que utilizan un sistema de fianzas monetarias.
“Hay tanto dinero federal que va a los estados”, dijo a Time Meryl Chertoff, profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, “y lo que ha hecho el Presidente es decir, si no cooperan conmigo en, digamos, políticas de ciudades santuario o la aplicación de la ley migratoria, voy a retener el dinero que va a sus programas”.
Chertoff dijo que vincular las prioridades de las fuerzas de orden a la elegibilidad para fondos federales es “hacer indirectamente lo que él [Trump] no puede hacer bajo la Décima Enmienda, que otorga a los estados un grado de autonomía”.
Actualización, 25 de agosto: Trump firmó una orden ejecutiva el 25 de agosto que encarga al fiscal general la elaboración de una lista de jurisdicciones con políticas de fianza sin efectivo y ordena a las agencias federales identificar los fondos federales proporcionados a dichas jurisdicciones que podrían ser retenidos. El presidente también firmó una orden ejecutiva con respecto a Washington D. C., instando al fiscal general a solicitar a la alcaldesa de la ciudad que modifique las políticas de fianza y, si la ciudad no lo hace, utilizar la presión federal, como fondos o servicios prestados a la ciudad, para lograr los cambios. La orden también insta a las fuerzas del orden federales a detener a los arrestados en el distrito bajo custodia federal.
Traducción por Google Translate editada por Catalina Jaramillo.
FactCheck.org no acepta publicidad. Dependemos de subvenciones y donaciones individuales de personas como usted. Por favor considere una donación. Las donaciones con tarjeta de crédito se pueden hacer a través de nuestra página para donar. Si prefiere donar con un cheque, envíelo a: FactCheck.org, Annenberg Public Policy Center, P.O. Box 58100, Philadelphia, PA 19102.