Compendio SciCheck
Mensajes virales que circulan en las redes sociales citan un artículo que afirma erradamente que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades modificaron el procedimiento para emitir certificados de defunción, violando la ley federal y provocando un conteo inflado de muertes por COVID-19. Los CDC no han alterado el procedimiento para emitir partidas de defunción correspondientes a muertes causadas por COVID-19, y no hay una ley federal que lo regule.
Historia completa
Una presentadora radial de tendencia conservadora le dijo recientemente a sus oyentes que debido a nuevos procedimientos en la emisión de certificados de defunción correspondientes a muertes por COVID-19, “hay una posibilidad gigantesca de que las cifras de decesos por COVID sean exagerados, en el orden del 94%”.
Eso es falso. El comentario está fundamentado en un artículo erróneo y sus autores han escrito textos similares para una organización dedicada a desalentar a la población sobre las vacunas.
Wendy Bell, la presentadora radial, formuló el comentario el 25 de marzo durante un episodio de su programa, producido en Pensilvania. El programa fue transmitido en vivo por Facebook con el título “¿Han manipulado los CDC las muertes por Covid?” y ya ha sido visto más de 34.000 veces.
“He reportado muchas veces que los CDC han dicho en su propia notita de pie de página, con asterisco: de todas las muertes reportadas por médicos forenses y departamentos de salud a los CDC, solamente un 6% muestra al COVID como la causa de muerte”, dice Bell a los aproximadamente 41 minutos. “COVID es lo que mató a este individuo, no el árbol contra el que colisionaron que los mató por traumatismo o lo que sea y luego le hacen el examen en la morgue, si no que COVID. Esa cifra del 6% es muy importante y ahora los CDC se están retractando”.
No tenemos certeza de qué quiere decir Bell cuando sostiene que “los CDC se están retractando”. La página web de los CDC aún conserva la anotación sobre la estadística que ella menciona. Pero la estadística no significa, como ella sugiere, que el COVID-19 no haya causado las otras muertes.
En septiembre abordamos otras publicaciones en las redes sociales que también tergiversaban las estadísticas de los CDC sobre decesos causados por COVID-19. Tal como explicamos, las estadísticas de los CDC mostraban que el COVID-19 fue la única causa de muerte mencionada en el 6% de los certificados de defunción, mientras que el restante 94% incluía otras causas, enfermedades o condiciones.
Esto no es inusual porque el COVID-19 frecuentemente causa otras condiciones serias, tales como neumonía o el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), una de las morbilidades asociadas más referidas entre las muertes por COVID-19. Otras condiciones de largo plazo que incrementan el riesgo de COVID-19 severo, tales como diabetes o hipertensión, también figuran en certificados de defunción como morbilidades asociadas.
Los CDC apuntan, sin embargo, que el 91% de todos los certificados de defunción que mencionan COVID-19 lo identifican como la causa de muerte subyacente, o la condición que precipitó la sucesión de eventos que desencadenaron el deceso de la persona.
Origen del reporte
Bell repite la falsedad sobre la cifra del 6% y cita un artículo que erróneamente sugiere que las estadísticas están infladas porque los CDC cambiaron la manera de contabilizar tales muertes, además de afirmar falsamente que esto contraviene la ley federal.
Al leer una nota publicada el 19 de marzo en el medio conservador Epoch Times, Bell le dice a sus oyentes: “Un estudio evaluado por otros científicos, que ha recibido poca difusión y que fue publicado en octubre por una revista de ciencia y salud pública, señala que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades obviaron leyes y regulaciones federales cuando cambiaron la manera en que el gobierno contabiliza las muertes por COVID-19, causadas por el virus de Wuhan”.
El estudio mencionado apareció en Science, Public Health Policy, and The Law (Ciencia, Política Sanitaria y Ley). La publicación se fundó en 2019 y pertenece al Institute for Pure and Applied Knowledge (Instituto para el Conocimiento Puro y Aplicado), una organización manejada por James Lyons-Weiler. Lyons-Weiler es un doctor en ecología, evolución y biología de la conservación egresado de la Universidad de Nevada en Reno, que ha difundido información falsa sobre vacunas contra el COVID-19 previamente.
La mayoría de los autores del estudio escribieron otro texto relacionado, citado en el estudio, para Children’s Health Defense (Defensa de la Salud Infantil), una organización anti vacunas encabezada por Robert F. Kennedy Jr., hijo del exfiscal general estadounidense Robert F. Kennedy y sobrino del expresidente John F. Kennedy.
Le enviamos algunas preguntas al autor principal del reporte, Henry Ealy, un doctor naturopático radicado en Oregón, pero no recibimos una respuesta con atribución plena.
Además de Bell y Epoch Times, el contenido del artículo ha sido replicado por otros medios de comunicación conservadores. Una nota publicada en febrero en la página web National File (Archivo Nacional), titulada “DESCUBIERTOS: CDC inflaron cifras de COVID y están acusados de violar ley federal” fue compartida más de 16.000 veces en Facebook, según estadísticas de CrowdTangle.
Directriz no contravino ley federal
Los autores del estudio escribieron que “según nuestra investigación de los Archivos Federales correspondientes al 2020, no hubo un proceso transparente y formal de revisión pública iniciado por el NVSS (Sistema Nacional de Estadísticas Vitales) o los CDC antes o después de que NVSS emitiera, el 24 de marzo, el Aviso COVID-19 No. 2 que alteró dramáticamente la manera de reportar la causa de muerte exclusivamente por COVID-19.”
El aviso del 24 de marzo del 2020 fue emitido por el NVSS, adscrito al Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias (NCHS, por sus siglas en inglés) de los CDC. El mensaje notificó al público sobre un nuevo código Internacional de Clasificaciones de Enfermedades para el COVID-19, porque al tratarse de una enfermedad nueva no existía un código previo, e incluyó una breve explicación sobre cómo usarlo.
Días después del aviso del 24 de marzo, el 2 de abril, los CDC emitieron una directriz explicando más detalladamente cómo deben elaborarse los certificados de defunción correspondientes a muertes por COVID-19. (La agencia ha emitido directrices similares sobre la documentación de muertes para otros casos, tales como decesos causados por toxicidad de drogas y por eventos catastróficos.)
En resumen, los autores del estudio alegan que la notificación del 24 de marzo estaba sujeta a la Information Quality Act (Ley para la Calidad de la Información) y a la Paperwork Reduction Act (Ley de Reducción de Trámites) y por lo tanto debió ser publicada en el Registro Federal y sometida a comentarios del público.
Pero esa aseveración no tiene fundamento.
Primero que nada, debemos decir que ninguna ley federal regula el proceso de elaboración de los certificados de defunción.
Robert Anderson, jefe de las estadísticas de mortalidad en el NCHS de los CDC, nos dijo en un correo electrónico que “la recopilación de información para los certificados de defunción no está sujeta” a la Ley de Reducción de Trámites como sugiere el artículo.
“La información para los certificados de defunción es recopilada por los estados (57 jurisdicciones, incluyendo 50 estados, la Ciudad de Nueva York, el Distrito de Columbia y cinco territorios), según leyes y regulaciones estatales, no según leyes y regulaciones federales”, escribió Anderson. “Si bien los CDC, y por lo tanto el Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias trabajan con los estados para coordinar y promover una recopilación homogénea de información, además de directrices en algunos temas como la certificación de la causa de muerte, NCHS no impone (ni puede imponer) requisito legal alguno”.
Anderson dijo que los estados tienen los estándares en cuenta cuando formulan leyes y regulaciones, y que “una vez que la información es recogida por los estados, NCHS adquiere la información de los estados para brindar estadísticas nacionales”.
Bridget Dooling, una profesora investigadora en el Centro de Estudios Regulatorios de la Universidad George Washington, dijo que debido a que la recolección de información para los certificados de defunción no está sujeta a la Ley de Reducción de Trámites, la directriz emitida por los CDC el 24 de marzo tampoco lo está.
Dooling, quien trabajó entre 2007 y 2018 en la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios adscrita a la Oficina Presupuestaria de la Casa Blanca, también dijo durante una entrevista telefónica que la directriz no está sujeta a la Ley para la Calidad de la Información, ya que esa legislación se refiere a las maneras en las que el gobierno disemina información.
Expertos legales en salud pública también dijeron a nuestros colegas de la agencia AFP que la directriz de los CDC no contravino leyes federales.
Afirmación falsa sobre un cambio en la recolección de información
Además de la aseveración sobre la legalidad de la directriz de los CDC sobre la catalogación de las muertes por COVID-19, la principal afirmación del artículo es que la directriz representó un cambio sustancial respecto a los parámetros empleados por los CDC desde 2003. El estudio sugiere sin fundamento que, de usarse los parámetros del 2003, las muertes por COVID-19 “serían aproximadamente 16,7 veces menos que las reportadas actualmente”.
“Si las estadísticas de fatalidad presentadas por los CDC fuesen infladas ilegalmente, entonces todas las políticas de salud pública sobre las cuales se sustentan serían nulas inmediatamente”, escribieron los autores.
Pero el estudio malinterpreta cómo se elaboran los certificados de defunción y concluye erróneamente que un gran cambio tuvo lugar, señalan expertos.
“El proceso para elaborar certificados de defunción no ha sido cambiado por los CDC”, nos dijo en un correo electrónico el doctor James Gill, presidente de la Asociación Nacional de Médicos Forenses. “Yo aún completo los certificados de defunción de la misma manera que lo he hecho durante más de 20 años”.
Gill, médico forense jefe en Connecticut, indicó que el estudio refleja una mala interpretación de cómo se elaboran los certificados de defunción.
Por ejemplo, el artículo señala que la Parte I del certificado de defunción “es la causa inmediata de muerte numerada en orden secuencial desde la causa oficial en la línea (a) a las causas subyacentes que contribuyeron a la muerte en orden descendente de importancia en la línea (d).”
Pero el diagnóstico más importante, la causa de muerte subyacente, es el que debe aparecer en el renglón bajo de la Parte I, dijo Gill. La condición que precedió inmediatamente a la muerte (tal como neumonía) debe colocarse primero y luego la enfermedad que causó esa condición (COVID-19, por ejemplo) debe ir debajo.
De igual manera, Anderson, jefe del despacho adscrito a los CDC a cargo de las estadísticas de mortalidad, dijo que los “autores del estudio de octubre parecen no entender cómo están diseñados los certificados de defunción o cómo debe certificarse la causa de muerte”.
Una comparación entre los parámetros del 2003 y la directriz para el COVID-19 no revela cambios sustanciales en el procedimiento.
“La Parte I es para reportar una sucesión de eventos que desencadenan directamente la muerte, con la causa inmediata de muerte (la enfermedad, lesión o complicación final que causó la muerte directamente) en la línea (a) y la causa subyacente de muerte (la enfermedad o lesión que inició la sucesión de eventos que desencadenó la muerte de manera directa e irreversible) en el renglón inferior”, indican los parámetros del 2003. “La Parte II es para reportar todas las otras enfermedades, condiciones o lesiones importantes que contribuyeron a la muerte, pero que no resultaron ser la causa subyacente de muerte identificada en la Parte I”.
Y así es como los CDC explicaron la manera de completar los certificados de defunción en su directriz de abril del 2020 específica sobre COVID-19, empezando con la Parte I:
CDC, “Guía para certificar muertes causadas por la enfermedad Coronavirus 2019 (COVID–19),” 2 de abril del 2020: Esta sección sobre el certificado de defunción es para reportar la secuencia de condiciones que precipitaron directamente la muerte. La causa inmediata de muerte, que es la enfermedad o condición que directamente precedió la muerte y no es necesariamente la causa de muerte subyacente (UCOD por sus siglas en inglés), debe reportarse en la línea a. Las condiciones que provocaron la causa inmediata de muerte deben reportarse debajo en una secuencia lógica en cuanto a tiempo y etiología. La UCOD, que es “(a) la enfermedad o lesión que inició la sucesión de eventos mórbidos que llevó directamente a la muerte o (b) las circunstancias del accidente o la violencia que produjo la herida fatal” (7), debe reportarse en el renglón inferior de la Parte I. … Otras condiciones importantes que contribuyeron al deceso, pero no son parte de la secuencia mencionada en la Parte I, deben ser reportadas en la Parte II. No todas las condiciones presentes al momento del fallecimiento tienen que ser reportadas, solamente aquellas condiciones que realmente contribuyeron a la muerte.
Así que no es acertado decir que la directriz de los CDC sobre el COVID-19 representó un cambio importante respecto a los parámetros del 2003, tal como el artículo reitera.
No está claro por qué los autores concluyen que, según los parámetros del 2003, COVID-19 habría sido incluido “más correctamente” en la “Parte II como una infección que contribuyó a la muerte”.
Los autores también afirman que la “inclusión de fatalidades probables” es un indicio de que las “estadísticas presentadas son inexactas”.
Pero el documento del 2003, de hecho, señala que la causa de muerte debe ser determinada según la mejor opinión médica y claramente indica: “una condición puede identificarse como ‘probable’ aún si no ha sido diagnosticada de manera definitiva”.
Y contrario a la insinuación de Bell de que las muertes son infladas deliberadamente con decesos no relacionados a la enfermedad, tales como “el árbol contra el que colisionaron que los mató por traumatismo o lo que sea”, los CDC explícitamente advierten que COVID-19 no debe reportarse en casos donde la enfermedad no fue un factor en la muerte.
Los CDC enfatizan: “COVID-19 no debería reportarse en el certificado de defunción si no causó ni contribuyó a la muerte”.
Por último, el artículo no menciona el exceso de mortalidad. Tal como hemos explicado previamente, el exceso de mortalidad son muertes por encima de la cantidad prevista durante un periodo específico. En el contexto del COVID-19, puede ayudar a evaluar el verdadero impacto de la pandemia al capturar efectos directos e indirectos del virus. Puede dar cuenta de muertes por COVID-19 y por otros factores que no han sido reportadas, tales como personas que fallecen de otras causas (evitan la atención médica, por ejemplo), así como reducciones en otras muertes debido a las restricciones relacionadas a la pandemia.
Un análisis de The New York Times sobre las estadísticas de mortalidad de los CDC muestra que entre marzo de 2020 y febrero de 2021, las muertes en todo el país fueron un 21% más altas de lo que se habría esperado durante ese periodo.
Traducido por Luis Alonso Lugo.
Nota del editor: El Proyecto de Vacunación/COVID-19 de SciCheck es posible gracias a una beca de la Robert Wood Johnson Foundation. La fundación no tiene control alguno sobre nuestras decisiones editoriales, y los puntos de vista expresados en nuestros artículos no reflejan necesariamente el punto de vista de la fundación. El objetivo del proyecto es aumentar el acceso a información precisa sobre el COVID-19 y las vacunas, y reducir el impacto de información errónea.