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A Project of The Annenberg Public Policy Center
SciCheck’s COVID-19/Vaccination Project

¿Podría llegar a ser obligatoria la vacuna contra el COVID-19?


This article is available in both English and Español

Los estados y ciertos lugares de trabajo pueden requerir que las personas estén vacunadas.

Como ha explicado Joanne Rosen, experta en asuntos legales y salud pública de Johns Hopkins University, el precedente legal para que los estados hagan obligatorias las vacunas se remonta a un caso de la Corte Suprema en 1905 relacionado con la vacuna contra la viruela. La corte tomó el lado del estado, argumentando que el requisito de vacunación era una regulación razonable para proteger la salud pública.

Los empleadores también pueden exigir a sus trabajadores que se vacunen, pero solo si la vacunación está razonablemente relacionada con el trabajo que realizan, como es el caso de quienes trabajan en la industria de la salud. En una orientación emitida en diceimbre de 2020, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU. dio a entender que todos los empleadores pueden tener una política de vacunación obligatoria, incluso para COVID-19, siempre que los empleadores cumplan con las leyes federales que estipulan que se deben hacer ajustes razonables para los trabajadores que no pueden recibir la vacuna debido a una discapacidad o una razón religiosa . Es probable que el asunto se revise en los tribunales, como hemos explicado, porque las vacunas contra el COVID-19 aún no tienen la licencia completa.

El gobierno federal no puede emitir un mandato de vacunación, nos dijo Rosen, pero podría otorgar incentivos financieros para que los estados lo hagan.

“La Corte Suprema ha interpretado la Décima Enmienda para evitar que el gobierno federal ordene o requiera que funcionarios estatales cumplan con directivas federales”, según un informe de 2019 del Congressional Research Service. “En el contexto de la vacunación, este principio evita que el Congreso le requiera a los estados o localidades aprobar leyes de vacunación obligatoria, pero no impide que el Congreso utilice la autoridad que le confiere la cláusula de gasto para otorgar incentivos (en forma de subvenciones federales) a los estados para que promulguen leyes sobre la vacunación”.