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A Project of The Annenberg Public Policy Center
SciCheck’s COVID-19/Vaccination Project

Análisis de la validez legal de las órdenes de vacunación contra el COVID-19


This article is available in both English and Español

P: ¿Pueden las empresas, escuelas y universidades exigir vacunas contra el COVID-19?

R: En términos generales, sí pueden exigir vacunas. Pero hay cierta incertidumbre sobre la validez legal de emitir órdenes que exijan vacunas para las cuales la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) ha autorizado el uso de emergencia.

PREGUNTA COMPLETA

¿La ley federal prohíbe a las empresas y otras instituciones exigir la vacuna contra el COVID-19?

RESPUESTA COMPLETA

Según un listado actualizado por The Chronicle of Higher Education, más de 200 escuelas y universidades están “exigiendo vacunas (contra el COVID-19) a al menos algunos estudiantes y empleados” antes del semestre otoñal.

Otros empleadores también están exigiendo, o al menos evaluando una orden que exija, a sus empleados que se vacunen contra la enfermedad. 

¿Es legal exigir la vacuna? 

Ninguna ley federal establece que no se les pueda exigir a empleados o estudiantes vacunarse. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) dicen: “Que un empleador requiera o exija la vacunación contra el COVID-19 es una cuestión de estado u otra ley aplicable”.

En una directriz actualizada emitida en diciembre, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos sugirió que los empleadores pueden tener una política de vacunación obligatoria, incluyendo contra el COVID-19, siempre que las empresas acaten las leyes federales que garantizan la adopción de soluciones razonables para los trabajadores que no pueden ser vacunados por razones médicas o religiosas.

Las empresas también pueden estar sometidas a contratos colectivos que las obligan a negociar con sindicatos antes de ordenar que las vacunas sean requisito para trabajar, tal como lo ha apuntado la Kaiser Family Foundation.

Pero algunos empleadores, especialmente en el sector de la salud, ya tienen precedentes de exigir ciertas vacunas a sus empleados, tales como la vacuna contra la influenza.

Además, una encuesta del 2017 determinó que el 94% de las 129 escuelas y universidades más importantes de EE. UU. ya requerían a los estudiantes recibir al menos una vacuna para matricularse. El promedio fue de 3,53 vacunas obligatorias, para enfermedades como hepatitis B y sarampión.

Sin embargo, existe incertidumbre sobre la validez legal de que esas instituciones ordenen vacunarse con productos que no han sido plenamente aprobados por la FDA.

Uso de emergencia versus aprobación plena

Como hemos explicado, las tres vacunas contra el COVID-19 disponibles en EE. UU. han recibido una autorización de uso de emergencia, en lugar de la licencia estándar, conocida en la jerga médica como solicitud de licencia biológica.

El 7 de mayo, Pfizer y BioNTech anunciaron que habían iniciado el proceso final para obtener la licencia estándar para la vacuna que produjeron de manera conjunta. Pero Moderna y Johnson & Johnson, los fabricantes de las otras dos vacunas autorizadas, aún no han dicho que harán lo mismo.

Los estándares suelen ser menos exigentes para la  autorización de uso de emergencia (EUA, por sus siglas en inglés). Bajo una EUA, los reguladores deben determinar que el producto “puede ser efectivo” y que “los beneficios conocidos y potenciales superen a los riesgos conocidos y potenciales”. Sin embargo, para las tres vacunas contra el COVID-19, la FDA estableció requisitos más rigurosos, semejantes a los vigentes para las licencias estándar. La FDA requirió “al menos una fase 3 bien diseñada de un ensayo clínico que demuestre la seguridad de la vacuna de una manera clara y contundente” y pidió ver al menos dos meses de estadísticas subsiguientes relacionadas a al menos la mitad de los participantes. 

Pero algunos analistas legales consideran que la modalidad de autorización otorgada a las vacunas actualmente implica que no pueden ser requeridas por empresas y otras instituciones.

En un texto publicado el 16 de febrero por el blog Health Affairs, Efthimios Parasidis, profesor de derecho y sanidad pública en la Universidad Estatal de Ohio, y Aaron Kesselheim, profesor en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, concluyeron que “aunque las autorizaciones de uso de emergencia para las vacunas contra el COVID-19 tal vez ayuden a la sociedad a superar la ira de la pandemia, las órdenes que exijan esas vacunas difícilmente tengan validez legal”.

Los autores se refirieron a una ley federal del 2004 que creó la autorización de uso de emergencia, especialmente el apartado que exige brindar información a individuos que reciban un producto médico autorizado para uso de emergencia.

“Específicamente, según el Código Legal Federal 21 § 360bbb-3(e)(1)(A)(ii)(III), cada individuo debe ser informado ‘sobre la opción de aceptar o rechazar la aplicación del producto; sobre las consecuencias, si las hubiera, de rechazar la aplicación del producto; y sobre las alternativas al producto que estén disponibles y sobre sus beneficios y riesgos”, escribieron Parasidis y Kesselheim. 

“Aunque ninguna corte ha interpretado este apartado, el primer segmento del inciso sugiere que las órdenes están categóricamente prohibidas, ya que cada persona debe tener ‘la opción de aceptar o rechazar’”.

Otros expertos legales y sanitarios difieren.

“Las barreras legales son escasas o nulas para que empresas o universidades exijan vacunas distribuidas con licencias para uso de emergencia”, según un artículo de opinión escrito por tres expertos y publicado el 5 de abril por la página web de noticias de salud STAT. Los autores fueron Dorit Reiss, profesora en la Escuela de Derecho Hastings de la Universidad de California, I. Glenn Cohen y Carmel Shachar del Centro Petrie-Flom para leyes sanitarias, biotecnológicas y bioéticas de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard.

Los autores contraargumentan que el apartado de la autorización de uso de emergencia se refiere, en realidad, a las acciones realizadas por funcionarios federales, tales como el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, y no a entes privados como empresas y universidades.

“Los empleados privados funcionan por lo general ‘a voluntad,’ porque pueden ser cesados por cualquier razón que no sea explícitamente ilegal”, escribieron los autores. “Quienes afirman que el apartado de las autorizaciones de uso de emergencia prohíben órdenes emanadas de empleadores a voluntad están diciendo que esta ley federal modifica la ley laboral estatal vigente sobre ese tema por pura inferencia. Están interpretando una prohibición amplia que incluye a todos los empleadores y universidades en EE.UU.  que, de hecho, no está en el apartado. Una interpretación tan amplia requeriría, como mínimo, un lenguaje más claro”.

Además, si los individuos deben recibir información sobre “las consecuencias, si las hubiera, de rechazar la aplicación del producto”, eso “claramente” significa que “las consecuencias del rechazo pueden coexistir con la opción de rehusarse”, dijo Holly Fernandez Lynch, profesora auxiliar de ética médica en la Universidad de Pensilvania, y Govind Persad, profesor auxiliar de derecho en la Universidad de Denver.

“La FDA no especifica cuáles serían esas consecuencias, pero tampoco las limita”, escribieron en una columna de opinión publicada el 4 de mayo por The Washington Post. “Si el Congreso o la FDA hubiesen querido eliminar la autoridad para exigir vacunas, una autoridad tradicionalmente cedida a gobiernos locales y estatales, el apartado de la autorización de uso de emergencia habría tenido que ser bastante más claro en ese punto”.

Fernandez Lynch y Persad sugirieron que las consecuencias de negarse a la vacunación podrían incluir “la pérdida del empleo, multas, un año más de clases universitarias remotas a través de Zoom, o la prohibición de tomar vuelos, o asistir a conciertos o bares”. Todas son tal vez opciones impopulares, pero “son opciones de todas formas”, dijeron.

Parasidis y Kesselheim, sin embargo, afirmaron en su columna de opinión que lo que dice el apartado sobre las consecuencias de negarse a la vacunación es probablemente sólo una referencia a los “riesgos de salud de rechazar un producto autorizado para uso de emergencia durante una emergencia sanitaria”, tal como el riesgo mayor de contraer o transmitir SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19.

“Una revisión del Registro del Congreso no revela mención alguna sobre conceder al gobierno o a entidades privadas la autoridad de ordenar la aplicación de productos autorizados para uso de emergencia”, escribieron los profesores.

Pero ante la ausencia de leyes estatales o locales que explícitamente permitan o prohíban órdenes de exigir vacunas autorizadas para uso de emergencia, la determinación sobre la validez legal de esos requisitos probablemente se defina en futuras sentencias judiciales.

Actualmente hay al menos dos demandas federales en curso relacionadas: una presentada por un carcelero de condado en Nuevo México, y otra interpuesta por un grupo de empleados de una escuela pública en Los Ángeles. Los demandantes en ambos casos alegan que sus empleadores gubernamentales violan la ley al exigir vacunas autorizadas para uso de emergencia como requisito para trabajar.

Analistas legales esperan más demandas, incluyendo algunas contra empresas, escuelas y universidades privadas.

Traducido por Luis Alonso Lugo.

Nota del editor: El Proyecto de Vacunación/COVID-19 de SciCheck es posible gracias a una beca de la Robert Wood Johnson Foundation. La fundación no tiene control alguno sobre nuestras decisiones editoriales, y los puntos de vista expresados en nuestros artículos no reflejan necesariamente el punto de vista de la fundación. El objetivo del proyecto es aumentar el acceso a información precisa sobre el COVID-19 y las vacunas, y reducir el impacto de información errónea.