En un discurso pronunciado en horario estelar el 16 de julio, en el que advirtió sobre las “alarmantes vulnerabilidades de nuestra infraestructura electoral”, el presidente Donald Trump puso en duda la capacidad del país para celebrar “elecciones libres y justas”, pero no ofreció ninguna prueba de que se hubiera producido un fraude generalizado.
Fuera de una referencia a no volver a ver “unas elecciones robadas otra vez”, Trump sugirió, en lugar de afirmar directamente, que las elecciones de 2020, que perdió, habían sido “amañadas”, tal como ha dicho en muchas ocasiones sin nunca respaldarlo.
La propia Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Trump concluyó en 2020 que las elecciones de ese año “fueron las más seguras de la historia estadounidense”, una afirmación que el presidente ridiculizó en su discurso del 16 de julio.
La Casa Blanca publicó una gran cantidad de documentos que, según Trump, demostraban que las agencias de inteligencia habían mantenido en secreto las vulnerabilidades electorales y la injerencia extranjera. Pero expertos electorales afirmaron que el discurso del presidente reveló muy poca información nueva.
“La Casa Blanca prometió una bomba y nos dio un petardo fallido”, declaró David Becker, director ejecutivo y fundador del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, una organización sin ánimo de lucro e independiente, en una rueda de prensa el 17 de julio. “No hubo absolutamente nada nuevo, nada que siquiera ponga en tela de juicio las elecciones pasadas, y mucho menos las de 2020”.
Aún así, Trump distorsionó los hechos en varios temas:
- Trump afirmó que los documentos que publicó demuestran que China adquirió “220 millones de registros de votantes estadounidenses” a partir del ciclo electoral de 2020 y que esto se mantuvo en secreto por parte de los servicios de inteligencia estadounidenses. Sin embargo, los registros de votantes estatales son en su mayoría de acceso público y una evaluación de inteligencia de abril de 2020 indicó que funcionarios chinos estaban analizando los padrones electorales estatales.
- El presidente afirmó que los documentos publicados revelaban que la infraestructura electoral estadounidense es “vulnerable”, “fácil de comprometer” y que “algunas personas dentro de nuestro gobierno lo sabían”. Sin embargo, uno de los documentos citados por Trump indicaba que, por diversas razones, los sistemas electorales “serían difíciles de manipular a una escala lo suficientemente amplia como para alterar el resultado de las elecciones”.
- Trump afirmó que el sistema electoral estadounidense estaba “peligrosamente” expuesto a la “injerencia extranjera”. Desde hace años es de dominio público que otros países han intentado influir en las elecciones. Trump se centró en China; según la “visión minoritaria” de un informe de inteligencia, China había actuado para socavar la reelección de Trump en 2020.
- El discurso del presidente pudo haber sugerido a algunos oyentes que un país extranjero alteró los votos en las elecciones estadounidenses, pero Trump nunca lo afirmó explícitamente. Un asesor del presidente declaró tras el discurso: “La comunidad de inteligencia no tiene ninguna prueba de que alguien, de que una potencia extranjera, haya manipulado un voto en 2020, 2022 o 2024”.
- Trump afirmó que una investigación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) “identificó a aproximadamente 278.000 personas no ciudadanas inscritas para votar en las elecciones federales”. El DHS no ha explicado su metodología y los expertos advierten que es probable que la cifra sea muy imprecisa. Las listas anteriores elaboradas por el DHS han demostrado ser poco fiables.
- Trump citó un presunto caso de fraude ocurrido en 2020 en Michigan, relacionado con solicitudes falsas de registro de votantes. Las autoridades afirman que nadie votó de forma irregular como resultado de la supuesta estafa, la cual se originó cuando empleados de una empresa de registro de votantes intentaron defraudar a su empleador y no fue un intento deliberado de alterar los votos.
- El presidente exageró el tiempo que tardó California en contar los votos en las elecciones de junio y sugirió falsamente que ese largo plazo indicaba que había ocurrido algo turbio.
- Trump afirmó que el Congreso debía aprobar la Ley SAVE America, describiendo sus requisitos de identificación de votantes como “sencillos”. Esto es cuestión de opinión. Las normas de identificación de la ley serían más estrictas que las de la mayoría de los 36 estados que ya cuentan con algún tipo de identificación para votar.
China y los datos de registro de votantes
Trump afirmó que los documentos publicados demuestran que China, a partir del ciclo electoral de 2020, “llevó a cabo lo que se considera la mayor filtración de datos electorales de la historia, resultando en la adquisición ilícita por parte de China de 220 millones de registros de votantes estadounidenses”. Los datos obtenidos incluían nombres, direcciones, números de teléfono y preferencias políticas de los votantes estadounidenses, dijo, calificándolo de “una pesadilla sin precedentes para la seguridad electoral”. Sin embargo, los registros estatales de votantes son en su mayoría de acceso público, ya que la mayoría de los estados no tienen restricciones sobre quién puede comprarlos y algunos incluso los proporcionan gratuitamente.
El uso que hizo de la palabra “comprometer” implica que China pudo modificar los datos, pero no presentó ninguna prueba de ello.
Trump afirmó entonces que la información sobre los datos de los votantes en varios estados, que habían sido “comprados, robados o pirateados por China”, había sido mantenida “en secreto y oculta” por los funcionarios de inteligencia estadounidenses.
Pero Becker, del Centro para la Innovación e Investigación Electoral, afirmó que esa información no era reveladora.
“Sería sorprendente que China no tuviera estos datos, y la idea de que, por un lado, los tuvieran y, por otro, los ocultaran de alguna manera, es bastante ridícula”, dijo Becker en una conferencia de prensa telefónica el 17 de julio.
Becker dijo que se había informado públicamente y que la comunidad de inteligencia lo sabía desde hacía tiempo, y que había advertido a presidentes estadounidenses, incluido Trump, que “China tiene la política de recopilar la mayor cantidad posible (…) de datos sobre los estadounidenses”.
Becker afirmó que una evaluación de inteligencia de abril de 2020, que habría estado disponible para Trump como presidente en ese momento, había “confirmado que China está recopilando datos de votantes”. El documento, parcialmente censurado y desclasificado durante la administración Biden en octubre de 2022, indica que “funcionarios de inteligencia chinos analizaron datos de registro de votantes de varios estados de EE. UU. para realizar análisis de opinión pública sobre las elecciones generales estadounidenses de 2020”.
No está claro si la evaluación, fuertemente redactada, explicaba cómo China obtuvo los datos de los votantes, pero Becker dijo que no sería difícil, ya que cierta información sobre los votantes es de acceso público o se puede comprar.
De hecho, uno de los documentos desclasificados que la Casa Blanca publicó el 16 de julio indicaba que, a principios de 2022, un agente chino había descargado información electoral estatal de 2013 a 2021 disponible en sitios web comerciales estadounidenses. Según el documento, esos datos, “en teoría”, podrían utilizarse para “operaciones de influencia electoral”, aunque la motivación real era “desconocida”.
En un informe actualizado en octubre de 2020, la Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU. proporcionó datos que mostraban que 30 estados, además de Washington D. C., prácticamente no tenían restricciones sobre quién podía comprar sus archivos de registro de votantes. Dieciséis estados tenían algunas restricciones sobre quién podía comprar sus archivos, y cuatro estados restringieron completamente el acceso para ciertos grupos. Los precios de los archivos oscilaban entre 0 dólares (en 11 estados) y 37.000 dólares en Alabama.
Becker afirmó: “El simple hecho de tener los datos no te da la capacidad de acceder a su registro de votantes. Necesitas muchos más datos personales identificativos, como números de licencia de conducir, fechas de nacimiento y números de la Seguridad Social, que no están incluidos en estos datos, para siquiera empezar a pensar en hacerlo”.
Y si eso hubiera ocurrido, dijo, el público probablemente lo sabría porque causaría problemas a quienes intentan votar. “Alterar o eliminar los registros de un votante significaría que los votantes tendrían problemas al ir a las urnas, y estaríamos recibiendo informes de cientos de miles, si no millones, de votantes estadounidenses con dificultades”, afirmó. “No tenemos ningún informe de eso”.
Sistemas electorales
Trump también afirmó que los documentos recién publicados revelan alarmantes vulnerabilidades en los sistemas y equipos electorales de Estados Unidos. Pero estos problemas ya se conocían desde hacía tiempo, y un documento del cual citó extractos también indicaba que era improbable que esas vulnerabilidades pudieran explotarse hasta el punto de alterar el resultado de una elección.
“Durante muchos años, se mintió descaradamente a los estadounidenses sobre la seguridad de nuestra infraestructura electoral, incluidas las máquinas de votación electrónica y los sistemas de recuento de votos”, dijo el presidente. “Es vulnerable y fácil de comprometer, y personas dentro de nuestro gobierno lo sabían”.
Luego Trump citó un memorando de enero de 2020 del Consejo Nacional de Inteligencia, ahora desclasificado, que afirmaba que al menos Rusia, China, Irán y Corea del Norte, así como otros grupos no estatales, “tienen la capacidad de comprometer la infraestructura electoral estadounidense para las elecciones presidenciales de 2020”. Además, las bases de datos de registro de votantes, los registros electorales y los sitios web oficiales de las elecciones “son los más vulnerables a la explotación”, decía el documento, añadiendo que podría “perturbar los procesos electorales” si se accediera a dichos sistemas.
Sin embargo, el mismo memorando decía que esos sistemas “serían difíciles de manipular a una escala lo suficientemente amplia como para alterar el resultado de las elecciones”.
Por ejemplo, indicaba que “los sistemas en cada centro de votación no están conectados a Internet ni entre sí, y muchos métodos para explotarlos se basan en la proximidad física”. Si bien un agente extranjero “podría manipular los resultados de las votaciones en múltiples jurisdicciones y en suficientes estados como para influir en una elección presidencial”, los funcionarios consideraron que “llevar a cabo una campaña de este tipo sería difícil y que las auditorías postelectorales y el seguimiento documental probablemente descubrirían tal intento”.
Una evaluación similar se incluyó en un informe clasificado de la Comunidad de Inteligencia sobre las “amenazas extranjeras” a las elecciones de 2020, que se entregó a Trump, así como a la administración y a los líderes del Congreso, el 7 de enero de 2021. El director nacional de inteligencia en ese momento era John Ratcliffe, quien ahora funge como director de la CIA. Una versión desclasificada se publicó en marzo de 2021.
El comunicado decía: “Consideramos que sería difícil para un agente extranjero manipular los procesos electorales a gran escala sin ser detectado mediante la recopilación de inteligencia sobre los propios agentes, a través de la vigilancia de la seguridad física y cibernética en torno a los sistemas de votación en todo el país, o en auditorías posteriores a las elecciones”.
Según la evaluación, tampoco hubo indicios de que ningún actor extranjero intentara alterar ningún aspecto técnico del proceso de votación en las elecciones estadounidenses de 2020, incluido el registro de votantes, la emisión de votos, el recuento de votos o la comunicación de resultados.
Injerencia extranjera en las elecciones
El presidente afirmó que los documentos que estaba desclasificando demostraban que el sistema electoral estadounidense estaba peligrosamente expuesto, entre otras cosas, a la injerencia extranjera. Posteriormente, añadió: “China y otros países han intentado interferir en nuestras elecciones”. Desde hace años es de dominio público que otros países han intentado, o querido, influir en las elecciones estadounidenses mediante tácticas como las campañas en redes sociales; en particular, Rusia, país que Trump mencionó brevemente en su discurso al enumerar a sus adversarios.
No existe evidencia de que una campaña de influencia extranjera haya alterado los votos emitidos en ninguna elección estadounidense. Si bien el discurso de Trump pudo haber sugerido a algunos oyentes que esto ocurrió, él no lo afirmó explícitamente. Hizo una referencia vaga a una elección “robada”, diciendo: “Trabajaremos estrechamente para mitigar cualquier daño y estamos tomando medidas rápidas para garantizar que los datos confidenciales de los votantes estén mejor protegidos para que nunca podamos ser comprados, nunca podamos ser hackeados y nunca más podamos presenciar una elección robada”.
John Solomon, asesor del presidente y periodista conservador, declaró a los reporteros a las afueras de la Casa Blanca tras el discurso de Trump: “La comunidad de inteligencia no tiene ninguna prueba de que alguien, de que una potencia extranjera, haya manipulado una votación en 2020, 2022 o 2024”.
Vaughn Hillyard, reportero de la Casa Blanca para MS Now, le pidió a Solomon que confirmara la validez de los resultados de las elecciones de 2020. “Todavía estoy investigando”, respondió Solomon, añadiendo que “hasta el momento no” había información que indicara lo contrario.
En cuanto a las campañas de influencia extranjera, la evaluación de la Comunidad de Inteligencia sobre las “amenazas extranjeras” a las elecciones de 2020, que, como ya señalamos, se entregó a Trump antes de que dejara el cargo en enero de 2021, explicaba cómo Rusia, Irán y otros países probablemente intentaron influir en las elecciones.
“Evaluamos que el presidente ruso Putin autorizó, y diversas organizaciones gubernamentales rusas llevaron a cabo, operaciones de influencia destinadas a denigrar la candidatura del presidente Biden y al Partido Demócrata, apoyar al expresidente Trump, socavar la confianza pública en el proceso electoral y exacerbar las divisiones sociopolíticas en Estados Unidos. A diferencia de 2016, no observamos esfuerzos cibernéticos rusos persistentes para acceder a la infraestructura electoral. Confiamos plenamente en nuestra evaluación”, señala el informe de la Comunidad de Inteligencia. Las acciones de Rusia incluyen el uso de agentes de influencia en línea para “amplificar la desconfianza en el proceso electoral denigrando el voto por correo, destacando supuestas irregularidades y acusando al Partido Demócrata de fraude electoral”.
Mientras tanto, Irán “llevó a cabo una campaña de influencia encubierta multifacética destinada a socavar las perspectivas de reelección del expresidente Trump (aunque sin promover directamente a sus rivales), minar la confianza pública en el proceso electoral y las instituciones estadounidenses, y sembrar la división y exacerbar las tensiones sociales en Estados Unidos. Tenemos plena confianza en esta evaluación”, señala el informe.
China, tema central del discurso de Trump, “no realizó esfuerzos de injerencia y consideró, pero no llevó a cabo, esfuerzos de influencia destinados a cambiar el resultado de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Confiamos plenamente en este juicio”, señala la evaluación, que añade que China “no consideró que ninguno de los dos resultados electorales”, es decir, ni el de Trump ni el de Biden, “fuera lo suficientemente ventajoso como para arriesgarse a ser descubierta interfiriendo”.
Sin embargo, existía una “opinión minoritaria”, sostenida por el oficial de inteligencia nacional para asuntos cibernéticos, quien consideró que “China tomó al menos algunas medidas para socavar las posibilidades de reelección del expresidente Trump, principalmente a través de las redes sociales, declaraciones públicas oficiales y los medios de comunicación”, según el informe. Esta es la opinión que Trump enfatizó en su discurso.
El informe señala que el responsable de inteligencia nacional para asuntos cibernéticos “coincide en que no tenemos información que sugiera que China intentó interferir en los procesos electorales” y tiene “una confianza moderada en estas conclusiones”. Esta evaluación “otorga mayor peso a los indicios de que Pekín prefería la derrota del expresidente Trump y la elección de un miembro más predecible del establishment”.
Los intentos de injerencia de Rusia en las elecciones de 2016 (que incluyeron una campaña de propaganda en línea y una operación de piratería informática dirigida a los comités del Partido Demócrata y a la campaña de Hillary Clinton) quedaron documentados en el extenso informe del fiscal especial Robert Mueller, como ya hemos explicado.
Afirmaciones sobre el informe del DHS y el voto de no ciudadanos
Trump continuó afirmando, sin pruebas, que hay un gran número de no ciudadanos en los registros de votantes.
“Finalmente, para revelar cuán vulnerables siguen siendo nuestras elecciones, publicamos los resultados de una impactante investigación del Departamento de Seguridad Nacional”, dijo Trump. “Según la revisión del DHS, los registros electorales estatales y los registros públicos identificaron aproximadamente 278.000 personas no ciudadanas inscritas para votar en las elecciones federales”.
Como parte de su entrega de datos, la Casa Blanca compartió un documento del DHS que afirmaba que una “revisión” de “archivos de datos públicos” en cuatro estados (California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada) reveló que más de 250.000 no ciudadanos se habían registrado ilegalmente para votar. El documento no proporcionaba información sobre cómo se obtuvo esa estimación ni la metodología utilizada. Un comunicado de prensa del DHS, emitido el 17 de julio, indicaba que “revisiones preliminares de los registros de los cuatro estados” revelaron que “podría haber hasta” 190.832 no ciudadanos registrados para votar en California; 35.152 en Nueva Jersey; 15.903 en Nevada; y 14.576 en Pensilvania. El comunicado tampoco aclaraba cómo el DHS llegó a esas cifras, y el secretario del DHS, Markwayne Mullin, no ofreció más detalles en la rueda de prensa del 17 de julio.
En su rueda de prensa del 17 de julio, Becker, de CEIR, dijo que asistió a una sesión extraoficial en la Casa Blanca para informar a la prensa la tarde anterior al discurso en horario estelar de Trump y que “no fueron transparentes en absoluto sobre la metodología”.
Según él, un funcionario de la Casa Blanca solo dijo que las comparaciones se hicieron con datos comerciales.
“Los datos comerciales no permiten una comparación con el registro público de votantes de ninguna manera concebible debido a los nombres comunes y a la falta de identificadores únicos, como los números de licencia de conducir o de la Seguridad Social”, dijo Becker. “En algunos casos, ni siquiera se dispone de fechas de nacimiento precisas para comparar ambos registros, ya que en muchos casos no se incluyen, lo que genera muchas coincidencias falsas. Cualquiera que trabaje con estos datos lo sabe”.
Becker calificó la afirmación de 250.000 como “una cifra irresponsable para compartir, dada la metodología poco transparente que mostraron”. Inevitablemente, dijo, “preveo que casi todos ellos son ciudadanos”.
“Sé tanto sobre datos electorales a nivel nacional como casi cualquier otra persona”, dijo Becker. “Es imposible tomar un registro público de votantes con muy poca información que permita una identificación única, como el número de una licencia de conducir, y compararlo con una base de datos comercial y afirmar con seguridad que María Rodríguez, John Lee o Sean O’Hara son la misma persona. Simplemente, se obtienen muchísimos falsos positivos, así que sospecho que la cifra de 250.000 es solo su estimación más optimista”.
El secretario de Estado de Nevada, Francisco Aguilar, nos proporcionó una declaración en la que afirma: “Podemos afirmar rotundamente que refutamos estas afirmaciones. Estas cifras son, en el mejor de los casos, meras especulaciones y el Departamento de Seguridad Nacional no ha compartido ninguna información que las respalde”.
“Existen numerosas medidas de seguridad para impedir que personas que no son ciudadanas o que no tienen derecho a votar emitan su voto”, declaró Aguilar. “La Administración carece de un conocimiento básico de cómo funcionan las elecciones. Simplemente quieren sembrar el caos y la incertidumbre antes de las elecciones de mitad de mandato”.
Al Schmidt, el secretario republicano del estado de Pensilvania, también refutó la afirmación del DHS.
“Pensilvania cumple con todas las leyes estatales y federales en materia electoral, y nuestros padrones electorales se mantienen y actualizan adecuadamente”, declaró Schmidt en un comunicado enviado por correo electrónico. “En Pensilvania, cada votante debe verificar su identidad antes de emitir su voto, lo que incluye presentar una identificación válida cada vez que se registra para votar, por correo o en un nuevo centro de votación. Todo indica que el voto de personas no ciudadanas es extremadamente raro en todo el país, incluyendo Pensilvania”.
Los cuatro estados incluidos en la revisión del DHS se negaron a compartir sus listas de votantes para participar en el programa federal de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés), que la administración Trump ha puesto a disposición de los estados para ayudarles a identificar a posibles no ciudadanos en los registros electorales estatales.
Según el documento del DHS, al 22 de junio, 25 estados que habían utilizado la herramienta SAVE habían identificado a unos 28.000 no ciudadanos en sus listas de votantes, de un total de 68 millones de registros. Incluso si esta cifra fuera precisa, representaría aproximadamente el 0,04% del electorado. (Los 250.000 mencionados anteriormente, sumados a los 28.000 identificados mediante el programa SAVE, es como Trump llegó a la cifra de 278.000).
Pero, como ya hemos mencionado, cuando el programa SAVE compartió las listas de posibles no ciudadanos identificados con los estados, funcionarios de condados descubrieron que entre ellos había ciudadanos estadounidenses. Algunos eran ciudadanos recién naturalizados. En otros casos, los funcionarios electorales determinaron que algunos no ciudadanos habían sido añadidos inadvertidamente a las listas de votantes por los funcionarios del condado, y otros eran no ciudadanos que marcaron por error la casilla de registro de votantes incluso después de haber reconocido en los mismos formularios que no eran ciudadanos.
Ni Trump ni el DHS afirmaron que alguno de los extranjeros inscritos en los registros electorales estatales haya votado ilegalmente. Los extranjeros condenados por votar en elecciones federales se enfrentan a multas, penas de cárcel y deportación.
Según la base de datos sobre fraude electoral de la conservadora Heritage Foundation, poco menos de 100 personas que no son ciudadanas han sido condenadas por votar o registrarse ilegalmente para votar desde 1982.
“Si su gobierno tuviera pruebas fehacientes de que votantes no ciudadanos votaran, habría acusaciones formales; Trump ha estado presionando a los fiscales estadounidenses para que presenten tales casos, y el hecho de que no lo haya hecho demuestra que estas afirmaciones probablemente carecen de fundamento”, escribió Rick Hasen, director del Proyecto para la Protección de la Democracia de la Facultad de Derecho de UCLA, en el Blog de Derecho Electoral. “Las afirmaciones sobre el registro de votantes no ciudadanos a menudo se desvanecen tras un análisis más detallado (como el fallo de los sistemas para detectar a los ciudadanos recién naturalizados). Y él no ha afirmado que los no ciudadanos hayan votado realmente”.
Incidente en el registro de votantes de Michigan
Trump aprovechó un incidente en el que una funcionaria municipal de Muskegon, Michigan, recibió varias solicitudes falsas de registro de votantes antes de las elecciones de 2020.
Sin embargo, las solicitudes no dieron como resultado que nadie votara o se registrara para votar de forma irregular, según han declarado funcionarios estatales: la oficina del secretario detectó rápidamente las discrepancias y alertó a las autoridades.
Además, los investigadores concluyeron que las solicitudes fraudulentas eran un intento de empleados de bajo nivel de una organización de registro de votantes para cobrar por un trabajo que no habían realizado, y no un esfuerzo deliberado para influir en las elecciones.
Así describió Trump el caso en su discurso del jueves por la noche:
Trump: Entre las revelaciones de esta noche se encuentran archivos del FBI que detallan evidencia de presunto fraude por parte de una operación de registro de votantes a gran escala en Michigan. En 2020, la Policía Estatal de Michigan allanó una organización demócrata de movilización de votantes, un grupo corrupto, en Muskegon, y quedaron tan preocupados por lo que encontraron (…) que contactaron al FBI en Detroit. Los documentos indican que algunos promotores admitieron ante agentes del FBI haber firmado formularios de registro de votantes a nombre de otras personas, haber presentado registros fraudulentos para personas inexistentes y haber recibido tarjetas de regalo vinculadas a la cantidad de solicitudes que produjeron.
Este caso ha sido ampliamente cubierto por los medios de comunicación locales de Michigan durante años.
A finales de octubre de 2020, días antes de las elecciones, los medios de comunicación locales informaron de que la oficina del secretario municipal de Muskegon había detectado “irregularidades” en cientos de solicitudes de inscripción de votantes, entre varios miles que habían sido enviadas por correo o entregadas en persona como parte de una campaña de inscripción organizada.
La secretaria municipal, Ann Meisch, declaró a la emisora local WZZM que la gran mayoría de esos formularios eran válidos, pero que “varios cientos” contenían fechas de nacimiento, direcciones, firmas u otra información del votante que no coincidía con la que el estado tenía registrada.
Meisch dijo que dichas solicitudes quedaron invalidadas y que a nadie se le entregó una papeleta de votación basándose en una de ellas.
La policía estatal determinó posteriormente que entre 8.000 y 10.000 solicitudes habían sido entregadas por alguien que trabajaba para GBI Strategies, como informó el medio de comunicación local Bridge Michigan en 2023. Los registros de financiación de campañas indican que GBI Strategies trabajó para campañas demócratas en 2020.
Danny Wimmer, portavoz de la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, declaró a Bridge Michigan que los investigadores determinaron que el fraude se había producido en los niveles más bajos de la empresa, aparentemente por trabajadores que intentaban estafar a su empleador afirmando haber realizado un trabajo que no habían hecho. Las pruebas no indicaban ninguna intención de influir en el resultado de las elecciones.
Wimmer reiteró que no hay pruebas de que alguien haya votado como resultado de las solicitudes fraudulentas.
“Este intento de fraude fue detectado porque el sistema funcionó”, dijo.
Funcionarios estatales informaron a Bridge Michigan que transfirieron su investigación al FBI porque este organismo estaba llevando a cabo una investigación nacional relacionada con GBI Strategies.
En su discurso, Trump acusó a la administración Biden de encubrimiento.
“Los agentes del FBI que trabajan en el caso creen que se cometieron delitos, pero el Departamento de Justicia de Biden ralentizó la investigación y la paralizó”, afirmó.
Los documentos publicados por la Casa Blanca el jueves 16 de julio incluyen intercambios parcialmente censurados entre funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley sobre cómo proceder con el caso en diferentes momentos, incluido un correo electrónico de noviembre de 2021 de un agente no identificado del FBI que se oponía a la decisión de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia de no procesar al acusado.
Pero los registros también muestran que los funcionarios del Departamento de Justicia permitieron posteriormente que la investigación continuara y, en 2023, aprobaron una “investigación exhaustiva sobre el terreno” que incluyó entrevistas con los encuestadores.
Un documento del FBI fechado en septiembre de 2025, que figuraba entre los registros publicados tras el discurso de Trump, afirma que el caso se cerró “porque se agotaron las investigaciones lógicas y/o las pistas, y la investigación realizada hasta la fecha no identificó ninguna violación penal ni una amenaza prioritaria para la seguridad nacional”. Sin embargo, los documentos publicados no aclaran cuándo se tomó esa decisión.
California
Como ya lo había hecho en repetidas ocasiones, Trump señaló las recientes elecciones primarias de California como un ejemplo de un problema en los sistemas de votación del país.
“Como ejemplo de esta locura, las recientes elecciones para alcalde de Los Ángeles y gobernador de California se celebraron el 2 de junio, hace ya mucho tiempo. Pero se concluyeron apenas hace unos días, el 10 de julio”, dijo. “Imagínense, mucho más de un mes. Tardaron un mes en contar los votos. Me pregunto qué estaban haciendo”.
“Esto es peor que en cualquier país del tercer mundo”, añadió falsamente. “No hay ningún país del tercer mundo que celebre elecciones como las nuestras”.
California tarda mucho tiempo en contar los votos, pero el 10 de julio no fue cuando el estado terminó el recuento, sino cuando certificó sus elecciones.
La certificación electoral, como explica la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos, es “el proceso mediante el cual los funcionarios electorales certifican que los resultados de las elecciones son un recuento veraz y exacto de todos los votos emitidos en una elección determinada”. Más allá del simple recuento, la certificación implica diversas auditorías y pruebas para garantizar la exactitud del voto.
Según la ley estatal, los funcionarios electorales de los condados de California tienen 30 días para informar sus resultados al secretario de estado, quien luego debe certificarlos en un plazo de ocho días. Sin embargo, los funcionarios de los condados cuentan e informan sobre la gran mayoría de las papeletas en tan solo 13 días, y los medios de comunicación pueden anunciar con seguridad los resultados de las elecciones mucho antes.
En el caso de las elecciones de junio, Associated Press anunció el resultado de la contienda por la alcaldía de Los Ángeles el 8 de junio y el de la gobernación el 9 de junio. Ambos plazos se consideran prolongados en comparación con otros estados, pero los californianos saben desde hace más de un mes quiénes aparecerán en sus papeletas electorales en noviembre.
“California no estuvo contando las papeletas hasta la semana pasada. El recuento finalizó hace semanas”, dijo Becker, de CEIR. “[El estado] simplemente se dedicó a realizar todo el trabajo de auditoría, conciliación, verificación y doble verificación, previendo posibles impugnaciones legales, antes de certificar los resultados”.
Becker afirmó que California tiene uno de los periodos de certificación “más largos”, pero que otros estados, como Wisconsin, también los tienen. “Cada estado tarda semanas en certificar”, dijo. “Es normal, porque se necesita tiempo para revisar, verificar, auditar, recontar, conciliar y hacer todo lo necesario para garantizar, de forma transparente, que el recuento que se informa sea correcto. Es importante que los estados se tomen su tiempo para esto”.
El lento recuento de votos en California no implica necesariamente que exista un problema de integridad electoral. De hecho, parte del tiempo se dedica a tareas que aumentan la confianza en el proceso electoral.
Por ejemplo, los funcionarios están obligados a realizar un recuento manual público del 1% de las papeletas contabilizadas por el sistema de votación del condado para verificar la exactitud del recuento automatizado, según indica la página web de la Secretaría de Estado de California. El estado también exige la verificación de firmas para las papeletas enviadas por correo.
Como ya hemos explicado anteriormente, la principal razón por la que California es tan lenta es porque el estado envía papeletas de voto por correo a sus más de 23 millones de votantes registrados y, por lo general, el 80% o más de los votos se emiten por correo.
El proceso de votación por correo requiere más tiempo, ya que las papeletas, que deben tener el matasellos del día de las elecciones, se cuentan siempre que se reciban en el plazo de una semana y porque el estado permite a los votantes resolver cualquier problema de verificación de firmas hasta ocho días antes de que los condados certifiquen los resultados.
“Las primarias de California se desarrollaron muy bien. La participación fue bastante alta. Los resultados se mantuvieron”, dijo Becker, a pesar de lo que calificó como “difamación de Trump y su administración contra los funcionarios electorales de California”.
“No tengo conocimiento de impugnaciones legales importantes con respecto a los resultados de las primarias. Quienes obtuvieron la mayor cantidad de votos pasan a las elecciones generales”, dijo. “En realidad, todo salió bien. Es solo la fanfarronería y la retórica lo que crea una imagen de caos”.
Ley SAVE America
Trump presionó al Congreso para que aprobara la Ley SAVE America, afirmando que el proyecto de ley “exige que todos los votantes presenten una identificación con foto. ¿Qué más sencillo que es eso?”. Añadió que la ley exige prueba de ciudadanía al registrarse para votar. Sin embargo, para algunos votantes podría no ser tan sencillo. Expertos electorales señalan que el proyecto de ley dificultaría el registro y el voto para algunos.
Como ya hemos explicado, 36 estados ya cuentan con algún tipo de requisito de identificación para votar, pero la mayoría acepta una gama más amplia de documentos de identificación que la que contempla la Ley SAVE America. La Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés), que supervisa la legislación estatal, ha declarado que los requisitos de identificación para votar de este proyecto de ley “son más estrictos que los que utilizan la mayoría de los estados”.
Según la NCSL, en esos 36 estados, las identificaciones aceptables suelen incluir carnés de estudiante o licencias de caza y pesca. Algunos estados aceptan identificaciones sin foto, como un extracto bancario. La Ley SAVE America limita las identificaciones aceptables para votar a: una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal emitida por la agencia de vehículos motorizados que incluya una foto y fecha de vencimiento, un pasaporte estadounidense, una identificación militar o una identificación con foto emitida por un gobierno tribal que incluya una fecha de vencimiento. Quienes voten por correo deberán presentar una copia de una identificación con foto o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social y una declaración jurada que indique que no pudieron obtener una copia de su identificación.
Según el proyecto de ley, los estadounidenses tendrían que demostrar su ciudadanía al registrarse para votar o al cambiar su registro. Para la mayoría, esto significaría presentar en persona ante un funcionario electoral solo un pasaporte estadounidense o un certificado de nacimiento certificado junto con una licencia de conducir u otra identificación oficial con foto. Expertos electorales han expresado su preocupación por el hecho de que millones de estadounidenses no tengan pasaporte ni fácil acceso a sus certificados de nacimiento, y que el proyecto de ley cree demasiados obstáculos para votar.
Walter Olson, investigador principal del Centro Robert A. Levy de Estudios Constitucionales del Instituto Cato, nos comentó a principios de este año que la legislación no se ajustaría a la definición de “privación del derecho al voto” según el diccionario, que consiste en “privar a una persona del derecho a votar”. Sin embargo, sí dificultaría el registro y el ejercicio del voto. “Ese inconveniente extra y gasto adicional implicaría que algunos ciudadanos con derecho a registrarse y votar, en la práctica, no completarían el proceso necesario, aunque el proyecto de ley no les quite su derecho legal a registrarse o a votar”.
Trump también se refirió a una enmienda al proyecto de ley que eliminaría el voto universal por correo. “No habría papeletas de voto por correo, excepto en casos de enfermedad, discapacidad, despliegue militar o viajes”, dijo.
Eso es más restrictivo que la práctica en la mayoría de los estados. Ocho estados y Washington D. C. realizan sus elecciones principalmente por correo, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Otros 29 estados permiten el voto por correo “sin justificación”, lo que significa que los votantes no tienen que dar una razón al solicitar una papeleta de voto por correo.
Como suele hacer, Trump afirmó sin fundamento que el voto por correo es “intrínsecamente corrupto”. Los expertos electorales nos han dicho que, si bien el fraude es ligeramente más frecuente con el voto por correo que con el voto presencial, sigue siendo relativamente raro, y no hay pruebas que respalden las afirmaciones de fraude generalizado. El propio Trump ha votado varias veces por correo, incluyendo una a principios de este año.
Traducción de Google Translate editada por Catalina Jaramillo.
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